La Generalitat confirmó ayer que la plataforma de viraje del aeropuerto de Castelló es pequeña y que es necesaria ampliarla para cumplir los requisitos de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA). Ello obliga a ejecutar nuevas obras, cuyo coste el gobierno valenciano pretende repercutir en Concesiones Aeroportuarias, la empresa privada a la que encargó la construcción y gestión de las instalaciones para luego rescindirle el contrato.
Desde la Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunitat Valenciana (Sptcv) -de la que depende Aerocas, promotora pública del aeropuerto- señalan que la Generalitat "es conocedora" de la necesidad de ampliar la plataforma de viraje de la pista del aeropuerto para que puedan operar aviones más grandes. Las mismas fuentes justifican que en su día se pidió a Concesiones Aeroportuarias la ejecución de unas obras que, sin embargo, "todavía están pendientes". ¿Quién va a asumir la realización de estos trabajos? Desde la Sptcv manifiestan su intención de vincular la reforma -y la inversión necesaria- al acuerdo económico que se está negociando con la concesionaria para rescindir el contrato. El objetivo es que la ampliación de la plataforma de giro "no cueste nada a las arcas públicas". De estas explicaciones se deduce que la Generalitat, a través de Aerocas, podría asumir la ejecución de las obras y descontar el coste de las mismas de la indemnización que tendrá que pagar a la concesionaria por haberle arrebatado la explotación del aeropuerto. La empresa pide 80 millones de euros, que es lo que dice haber invertido.
