El Partido Popular que gobierna el Ayuntamiento de Valencia propuso ayer en la primera reunión de la comisión para la redacción de una ordenanza contra la prostitución callejera un régimen de sanciones que multa por igual a clientes y prostitutas. Las cantidades oscilan entre los 300 y los 2.000 euros, y se agravarán por la cercanía con un colegio o un parque infantil. La oposición en el consistorio mostró su disconformidad con la propuesta del concejal de Seguridad Ciudadana, Miguel Domínguez, por considerarla demasiado agresiva con "el eslabón más débil", en palabras de la concejala de EUPV, Rosa Albert: las prostitutas. El borrador no hace referencia al proxenetismo, castigada en el artículo 188 del Código Penal y sancionada con penas de hasta cuatro años de cárcel.
La ordenanza, que tiene como fundamento "preservar a los menores de la exhibición de prácticas de ofrecimiento o solicitud de servicios sexuales en espacios públicos", establece tres niveles de sanción. En el primero de ellos las multas podrían llegar hasta los 300 euros y se aplicarán a la negociación de servicios sexuales en la calle cuando se limite la compatibilidad de los diferentes usos del espacio público y a la coacción o acoso a los viandantes. Las infracciones graves se sancionarán con hasta 1.000 euros e incluirán la negociación de servicios sexuales en la calle, la realización de estos servicios aunque sea en un coche y el exhibicionismo encaminado a la captación de clientes. Estas mismas prácticas se sancionarán con hasta 2.000 euros en el nivel más grave si se realizan a menos de 200 metros de un colegio o un parque infantil. El borrador no menciona los hostales o pensiones donde se alquilan habitaciones para la realización de servicios sexuales. El PP dejó en el cajón en 2004 la ordenanza, que ha vuelto a la palestra más de cuatro meses después de que el PSPV presentara una moción sobre la cuestión en septiembre.
Oposición política
A este paquete de medidas sancionadoras se opone en bloque la izquierda en el ayuntamiento, que pidió ayer la participación de los vecinos y otros colectivos. Anaïs Menguzzato, concejala del PSPV-PSOE, señaló que su partido está "a favor de medidas coercitivas para clientes y proxenetas y de un plan integral de ayudas a las mujeres prostituidas". La concejala acudió por la tarde a una reunión con la Asociación de Vecinos El Palleter de Velluters junto con Joan Calabuig y Pedro Sánchez. El portavoz del PSPV en el ayuntamiento aseguró que pondrán el foco sancionador "sobre el cliente o el prostituidor, no sobre las mujeres".
Por su parte, Albert insistió en la necesidad de "trabajar de forma transversal con el resto de delegaciones, especialmente Bienestar Social y Empleo". "Vamos a presentar una propuesta alternativa ya que el borrador es sólo punitivo y carece de iniciativas de de carácter social", dijo la concejala. Compromís también se mostró en contra. Su representante en la comisión, Sergi Campillo, aseguró que el concejal Domínguez tiene "muy poca predisposición a dialogar": "Le he planteado abrir la comisión y ha dicho que no estaba para eso".
El edil de Seguridad Ciudadana, por su parte, lamentó que la oposición no se centra "en sacar adelante un instrumento legal para evitar las molestias que genera el problema". "Si lo único que quieren es hablar de la prostitución y no del problema que tienen los vecinos en la calle, tendrán que buscar otro foro para hacerlo", señaló Domínguez.
El Palleter destaca "su" problema
Durante la reunión vespertina del PSPV con los vecinos de El Palleter de Velluters, los dirigentes vecinales insistieron en diferenciar entre "el problema vecinal y el de las prostitutas". Ricardo Burguete, presidente de la entidad vecinal, destacó la "importante delincuencia relacionada con la prostitución". Su asociación fue la que devolvió el tema a la agenda política, después de las constantes denuncias y concentraciones que El Palleter llevó a cabo este verano para quejarse de la situación existente en el barrio.
