Invertir de forma productiva o morir. Es la tesitura a la que se enfrentan los empresarios de la obra pública. Por ello, la Cámara de Contratistas de la Comunitat Valenciana ha pedido, en persona y por escrito, a la Generalitat y al Gobierno que impulsen una «adecuada inversión productiva eficaz y eficiente en infraestructuras, para evitar la muerte del sector de la obra pública» y poder dar trabajo a los 128.000 empleos directos perdidos en el sector en los últimos años. «Los trabajadores cualificados, los profesionales, técnicos y el ingente colectivo de recién titulados, sin esperanza, ¡quieren trabajo, no subsidios!», reivindican.
La Cámara de Contratistas lanza un SOS a las administraciones públicas ante la delicada situación que atraviesan, además, por «la deuda viva que la Generalitat mantiene con el sector constructor» y que cifran en 1.800 millones de euros y que han justificado, con una detallada documentación, en sendas reuniones con el conseller de Hacienda y el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra. Los representantes del Consell se comprometieron a fijar un calendario de pagos con el sector que se haría efectivo «a lo largo de la primera quincena de enero». Pero los abonos de la deuda han sido «nuevamente diferidos». Un retraso que los empresarios del sector de la obra pública aceptarían «siempre que fueran avalados por el Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) y las entidades financieras. Contando, todo ello, con la colocación de los 1.800 millones de euros de los bonos patrióticos, ampliable a 2.600 millones de euros».
Y es que las perspectivas para el sector de la obra pública en 2012 no son nada halagüeñas. La Cámara de Contratistas ha elaborado un análisis de los presupuestos de la Generalitat de 2012, con los que se muestran muy críticos. «La clase política se ufana en pregonar que se blinda el gasto social y se reducen en un 20 % las inversiones y un 12,30 % las transferencias a otras entidades públicas». Pero en realidad, según la Cámara, las inversiones reales del próximo año de la Generalitat (incluidas las entidades autónomas y las empresas públicas) alcanzarán los 760 millones, un 54,5 % menos que las inversiones de 2011 (que sumaron 1.671 millones). Los contratistas critican que «los gastos corrientes se bajan un 7,50 % y la inversión un 54,5 %. ¡Y a todo esto se nos dice que son los presupuestos de la cordura y el recorte!». «Esta desaforada e irresponsable reducción de la inversión impide no sólo licitar ningún tipo de infraestructuras productivas en 2012, sino que los pagos de obras en ejecución, o ya finalizadas, se demoren “sine die”» lo que puede significar «la muerte del sector de la obra pública, si se demoran doce meses más sobre el plazo ya vencido el pago de la deuda viva de la Generalitat que soporta el sector».
Unos retrasos que se producen en cuatro tipos de situaciones, según explican desde la Cámara de Contratistas. «Existen obras ya finalizadas y todavía no abonadas: son pagos diferidos descontados por la banca que deberán ser atendidos por la Generalitat a su vencimiento, aunque algunos no lo son y requieren de una “renovación” y pérdida de credibilidad de la administración autonómica». La administración también debe hacer frente a los «gastos comprometidos para atender pagos y anualidades de las obras en ejecución». Y atender «obras paralizadas por los contratistas, ante la falta reiterada de pago de certificaciones ordinarias mensuales que los contratistas, al carecer de circulante y no tener la posibilidad de descontar en entidades bancarias el papel de la Generalitat, muy a pesar suyo, paralizan y abandonan la obra».
El fracaso del Plan Confianza
La Cámara de Contratistas también insta a la Generalitat a «reanudar y pagar las obras del Plan Confianza» con el que se muestran muy críticos. «Muchas de las obras del Plan Confianza están paralizadas, porque son muchos los ayuntamientos que no reciben, ni en tiempo, ni en forma, las asignaciones económicas de la Generalitat». Un Plan Confianza que, desde el sector constructor de obra civil, «ya manifestamos en su día que, al no estar destinado a inversiones productivas dinamizadoras de la economía, iba a tener efectos efímeros en la creación de empleo y actividad empresarial, creando instalaciones, polideportivos, centros lúdicos, culturales, jardines y aceras innecesarias que los ayuntamientos ahora no pueden mantener».
Así que a la vista de «estos recortes de inversión productiva y con la deuda que soporta el sector seguimos sin entender qué empresas de la construcción de obra pública e industrias afines van a subsistir», se preguntan desde la Cámara de Contratistas. «¿Qué sector alternativo tiene en mente la Generalitat para dar trabajo a los 128.000 empleos directos destruidos del sector de la construcción en los últimos años? » La Cámara de Contratistas defiende que en la Comunitat Valenciana se «debe incrementar la productividad de nuestro enfermizo tejido empresarial, dotarlo adecuadamente de zonas logísticas, mejorar el área de influencia («hinterland») de nuestros puertos y red ferroviaria transeuropea —esperemos que pronto antes que tarde—, mejorar y ser autosuficientes en recursos hídricos, a través de una adecuada inversión productiva, eficaz y eficiente, en infraestructuras públicas por parte de las administraciones públicas».
