La denuncia por Aguas del Júcar (2005) del convenio firmado por la Junta Central de Usuarios de Vinalopó, Alacantí y Marina Bajan en 2001 no sentó bien en este colectivo, presidido por Andrés Martínez, el mismo que apoyó poco después la venta de unos pozos a la multinacional Danone. Tampoco el cambio de toma desde Cortes al Azud de la Marquesa. Desde 2005 ha presentado cinco recursos judiciales, dos ante el TSJ de la Comunitat Valenciana y dos ante la Audiencia Nacional. No han prosperado ninguno y en algún caso se les ha condenado al pago de costas. También perdió el presentado en un juzgado de lo Mercantil en Valencia.

La Generalitat también ha visto desestimados sus tres recursos ante el TSJCV (2) y la Audiencia Nacional (1). Otros dos ayuntamientos, gobernados por el PP (Alzira y Cullera), se sumaron a la guerra judicial contra el cambio de toma y las obras de nuevo trazado. El de Alzira fue admitido a trámite y se encuentra recurrido por la Abogacía del Estado en el Tribunal Supremo. El de Cullera fue desestimado.

Los usuarios intentaron también al menos en dos ocasiones y con el apoyo explícito de la Generalitat, hacer que la Comisión Europea avalara sus demandas, incluida la nueva toma en Antella. Tampoco aquí hubo suerte. En su última contestación a Andrés Martínez, la Dirección General de Política Regional, tras estudiar la toma de Antella, responde que «no considera que la alternativa presentada [Antella] mejore la propuesta de las autoridades españolas y aprobada por la Decisión de la Comisión C (2006) 6739» en el Azud de la Marquesa.

Finalmente añade que el proyecto y sus alternativas «está suficientemente examinado» e invita a Martínez a «colaborar con las autoridades competentes españolas para hacer de este proyecto un éxito para la Comunitat Valenciana».

El último pleito, todavía vivo, ha sido interpuesto, sin embargo, por Aguas del Júcar contra la Generalitat Valenciana(2010) después de que el Consell, que durante años retrasó las obras del trasvase que son de su competencia, decidiera modificar la toma de aguas prevista en Los Alhorines, lo que inutiliza el uso de la central eléctrica construida en ese lugar y cuyos beneficios estaban destinados a abaratar el precio del metro cúbico trasvasado. Es, por ahora, el último capítulo del despropósito.