La gerente de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV), Marisa Gracia, se enteró ayer oficialmente de que está siendo investigada por la Fiscalía de Valencia tras recibir la visita de la Policía Judicial de la Guardia Civil en la sede central de Valencia Sud. El registro se prolongó durante más de dos horas y se centró, sobre todo, en la tercera planta del edificio, en presencia del director económico financiero de FGV, Jesús Cerverón. La documentación requisada, bastante voluminosa, era la relativa a expedientes de contratación y del departamento económico financiero. Desde FGV fuentes oficiales confirmaron que los agentes judiciales, por orden de la Fiscalía, requirieron "los expedientes 06/66 y 07/09, correspondientes a los servicios de seguridad del año 2007, así como de los contratos de seguridad de los años 2007 a 2011", y que se procedió "a la entrega inmediata de la citada documentación". La visita de los agentes provocó un gran revuelo en la empresa ferroviaria e, incluso, lágrimas de nerviosismo en alguna trabajadora.

La fiscal jefe de Valencia, Teresa Gisbert, también confirmó ayer que el departamento que dirige ha abierto diligencias de investigación a la gerente de FGV, Marisa Gracia, tras recibir al menos una denuncia sobre supuestas irregularidades en la adjudicación de los contratos de vigilancia y seguridad de la empresa ferroviaria tanto en Valencia como en Alicante. Gisbert aclaró, tras la firma de un convenio sobre medidas abiertas para menores infractores, que la investigación va dirigida únicamente contra Gracia y no contra todo el ente de Ferrocarrils, según informaba ayer la agencia Europa Press. Se trata de un "caso personal", el de un trabajador que forma parte de la entidad ferroviaria, y no de denuncias dirigidas a FGV como organismo, insistió la fiscal jefe a la agencia Efe.

La reacción de la dirección de Ferrocarrils ha sido fulminante. Achacan la denuncia ante la Fiscalía, y la filtración de la denuncia, al que ha sido durante años jefe de seguridad de FGV, aunque ayer fuentes de la empresa lo rebajaban a "técnico adscrito al departamento de seguridad de la empresa en 2007". Según FGV, el ex jefe de seguridad presentó en 2011 una demanda reclamando un aumento salarial y de reconocimiento de categoría, que perdió en los tribunales. FGV también asegura que ha abierto "dos expedientes disciplinarios por distintos hechos: expedir dos certificados atribuyéndose un cargo que no ostenta en la empresa y con un contenido no ajustado a la realidad y haber faltado al trabajo de manera reiterada, sin causa justificada". Ayer decidieron suspenderlo de empleo y sueldo, según el reglamento de faltas y sanciones de FGV, por "divulgar hechos que desacreditan a la entidad", aseguran.

Por otra parte, los contratos de la polémica y que están siendo investigados están prorrogados desde 2011, según confirmaron ayer fuentes oficiales de FGV a Levante-EMV. El pasado año se licitaron de nuevo los servicios de vigilancia y seguridad en Valencia y Alicante pero, al declararse desiertos, se han tenido que prolongar los servicios que prestan las empresas Med Seguridad, Prosegur y Vinsa tanto en Metrovalencia como en las instalaciones del TRAM de Alicante.

Desde FGV también admiten que también se contrató a través de Med Seguridad SA a la veintena de informadores que, en los meses posteriores al accidente del metro del 3 de julio, "acompañaron a los viajeros" para paliar la tensión generada entre los usuarios tras el siniestro en el que murieron 43 personas. Pero desde FGV reiteran que "en esos concursos, como en todos los que licita la empresa se cumplen todas las normas y requisitos que exige la legislación vigente. FGV es la principal interesada en esclarecer los hechos y reafirma su compromiso de colaborar en todo momento con la justicia", aseguran.