La presión de la calle, con miles de jóvenes recorriendo el centro de Valencia al socaire de una opinión pública hipersensibilizada, y las nuevas directrices del Gobierno central, con el presidente Rajoy que instó desde Londres a actuar "con mesura y sentido común" y con el ministro del Interior que admitió "algún exceso policial", obligó ayer a un cambio de estrategia de las autoridades ante la revuelta estudiantil de Valencia.
Ayer, los agentes antidisturbios no disolvieron las multitudinarias manifestaciones que ocuparon de forma ilegal la calle y cortaron el tráfico como en días anteriores; la policía nacional desapareció de la vista de los manifestantes (los agentes sólo vigilaban edificios institucionales); no se produjo ninguna detención; y la delegada del Gobierno, Paula Sánchez de León, dejó atrás su enrocada postura de mano dura revestida de cumplimiento de la legalidad para anunciar una investigación interna que determine si hubo "exceso policial" y reunirse después -por primera vez- con dos representantes de los estudiantes.
El cambio de táctica dio sus resultados: ayer no hubo detenidos, ni heridos, ni altercados públicos ni imágenes de violencia policial a golpe de porra. Nada de eso. En Valencia sólo se vio a una masa de jóvenes empuñando libros y arropados por la gente de la calle, que les sonreía, y conductores que daban bocinazos cómplices. Esa masa clamó en la calle por sus libertades, criticó la actuación policial y exigió la dimisión de la delegada del Gobierno, que seis días después de que se iniciara la llamada "primavera valenciana" ha decidido aplicar la estrategia solicitada tantas veces por la mayoría de agentes políticos y sociales.
Hasta ahora, Paula Sánchez de León había defendido en todo momento que la actuación de la policía no se decide en su despacho sino en la calle y respaldaba la actuación policial porque había que primar el cumplimiento de la legalidad. En cambio, ayer se vio obligada a cambiar de actitud después de que sus superiores le enmendaran la plana. El punto de inflexión, sin duda, fue la mezcla de las imágenes de los porrazos a los estudiantes y la declaración del jefe superior de la policía en la Comunitat Valenciana, que llamó "el enemigo" a los manifestantes.
Críticas de los suyos
Ambos hechos dispararon la indignación social en toda España. Y esa indignación, junto con la posibilidad del contagio de la revuelta a otras ciudades españolas, motivaron ayer los primeros toques de atención públicos por parte de los suyos. Porque ayer las críticas ya no le venían de Compromís, Esquerra Unida, los sindicatos o los estudiantes, como el día anterior. No. Ayer fue el mismo presidente Mariano Rajoy quien aseguró: "No podemos dar una imagen fuera que no es la de nuestro país". El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, fue más lejos al reconocer que se había producido "algún exceso y alguna actuación desafortunada por parte de algún policía" y anunció que querían "controlar" el exceso "de quienes puedan, desde las filas de la policía, tener una actuación que a lo mejor ha sido excesiva". Eso sí: después, tras las críticas de los sindicatos policiales por "escurrir el bulto", el ministro se desdijo y puntualizó que sólo se refería a "excesos" de los "radicales y violentos".
Incluso el secretario general del PP valenciano, Antonio Clemente, afirmó que "la violencia no es algo que pueda solucionar las cosas" y reconoció que en las imágenes de las cargas policiales él ha visto "posibles excesos" de la policía. Alfonso Rus añadió que "la represión no es positiva para nada" y que "la gente tiene que hablar libremente". Y como coda a las rectificaciones, tanto el ministro como la delegada del Gobierno consideraron que el jefe de la policía en Valencia "no ha estado afortunado" en el uso de su terminología bélica. Es más: el responsable autonómico de la Policía Nacional, Antonio Moreno, se desdijo de esta polémica frase y le reconoció ayer a Sánchez de León que hablar de los estudiantes como "el enemigo" fue "una equivocación. Los ciudadanos son ciudadanos y no son amigos ni enemigos", dijo De León.
La revuelta muta de sentido
Así pues: igual que la esencia de la revuelta ha mutado (los jóvenes ya no protestan por los recortes en Educación como al principio, sino en favor de las libertades y contra la actuación policial), también el criterio de la policía y de la Delegación de Gobierno ha cambiado. En su rueda de prensa, Paula Sánchez de León anunció que había ordenado la apertura de un "expediente informativo" para determinar si ha habido "excesos policiales" o "extralimitación" contra los manifestantes (el lunes por la noche no veía necesidad de ello) y, si fuera así, "se depurarán responsabilidades", dijo.
La delegada también señaló que iba a dar "todas las instrucciones necesarias" para que no se reprodujeran los posibles excesos policiales. Esa orden se dio y los manifestantes demostraron que podían cortar el tráfico sin causar altercados. A última hora, Sánchez de León se reunió con el representante de los estudiantes, Albert Ordóñez (detenido el viernes). Éste le pidió la dimisión por lo ocurrido, y ella le dijo que debían cesar las protestas no comunicadas.
