Diez mil pesetas. Eso pagaron en 1959 el gobernador civil de Alicante, Benito Sáez; el registrador de la propiedad, Rafael Almazán; el escritor Ramón Llidó, y María Dolores Serres, esposa del entonces ministro de Hacienda, Mariano Navarro Rubio, por cada uno de los terrenos que compraron en el dominio público del Primer Muntanyar y la Punta de l´Arenal. Esas parcelas las vendió el propio Ayuntamiento de Xàbia. Era alcalde Juan Tena. La Ley Chapatrieta, de 1935, daba a los consistorios la titularidad del litoral. Navarro Rubio y su esposa se construyeron un lujoso chalé.

Al iniciarse las obras, en 1964, salió a la luz un yacimiento romano. María Dolores Serres tenía conocimientos de historia y, junto a la arqueóloga Gabriela Martín, excavó lo que fue una factoría de salazones desde el siglo I a. C. hasta mediados del III d. C. La Diputación de Valencia publicó en 1970 el libro «La factoría pesquera de la Punta de l´Arenal y otros restos romanos de Jávea». Las autoras eran la propia Serres y Gabriela Martín. En un pasaje de este libro se lee: «El señor Navarro decidió conservar estas cisternas (romanas) para lo cual ordenó vaciarlas y, cubriéndolas con un techo, las convirtió en un sótano donde se halla instalado un pequeño museo». Ese museo siempre fue privado. Muy pocos elegidos saben qué tesoros arqueológicos esconde.

Aquella venta de terrenos del litoral a influyentes cargos de la dictadura franquista respondía a privilegios que, en el caso de la familia de Navarro Rubio, que fue ministro hasta 1965 y luego, hasta 1970, gobernador del Banco de España, todavía hoy se mantienen.

Los otros compradores no llegaron a construir y, en 1987, tras un largo conflicto judicial, vieron como las parcelas dejaban de pertenecerles. El Tribunal Supremo declaró nulas las ventas ya que los terrenos del dominio público marítimo-terrestre son inalienables. La misma Ley Chapaprieta que invocó el ayuntamiento en 1959 para congraciarse con estos prohombres del régimen sirvió para cambiar las tornas. Daba la titularidad del litoral a los municipios, pero, al mismo tiempo, prohibía la venta, arriendo o permuta. No fue, sin embargo, hasta 2007 cuando las parcelas volvieron a ser públicas. El ayuntamiento pagó a los ocho descendientes de Benito Sáez y Rafael Almazán una indemnización de 6.244 euros. Se desglosaba en 2.809 euros (equivalían a los 20.000 euros que estos dos cargos pagaron en 1959) y el resto correspondía a intereses.

La familia del exministro de Hacienda escapó a todo ese proceso. En 1980, Mariano Navarro Rubio pidió que se legalizara el chalé que construyó en dominio público marítimo-terrestre. Dos años después, el Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo legalizó las obras y aceptó la «utilización gratuita y permanente» de estos terrenos del litoral de la Punta de l´Arenal. Esa resolución se publicó en el BOE el 24 de abril de 1982. La fecha no es baladí.

Tras ganar el ayuntamiento de Xàbia los pleitos para recuperar las otras parcelas enajenadas ilegalmente, se reactivó el interés por llegar a un acuerdo con los descendientes de Navarro Rubio y lograr que esta finca, de unos 7.000 metros cuadrados, volviera a ser pública. A instancias del consistorio, la Abogacía del Estado realizó en 2000 un informe demoledor. Rechazaba que la sociedad Puntar SA, creada por el exministro y su esposa y a cuyo nombre inscribieron la finca, pudiera ser propietaria de la parcela. Esa sociedad «es hoy en día titular de una concesión de uso y aprovechamiento de los terrenos ubicados en el dominio público marítimo-terrestre». Ahora de nuevo tiene importancia esa fecha del 24 de abril de 1982. La Ley de Costas concede a los «dueños» de inmuebles situados en el litoral público una concesión de 30 años. Por tanto, la de los herederos de Navarro Rubio en la Punta de l´Arenal caduca el próximo 24 de abril. Pero, claro está, esta familia no quiere perder su trozo de playa. Ha reclamado a Costas un nuevo deslinde que reconozca que es propietaria de esta finca. El conflicto se presume largo.