El entramado de ONG investigado por la justicia por un presunto fraude de entre 7 y 9 millones de euros en las ayudas de la Generalitat al Tercer Mundo disponía de una red de empresas constructoras, según ha podido saber este periódico de fuentes conocedoras del caso. Estas empresas, dos radicadas en Valencia y una en Miami, eran utilizadas para facturar a las organizaciones por obras que supuestamente no se habrían realizado.
Esto es lo que está investigando ahora el Juzgado de Instrucción número 21 de Valencia y la Fiscalía Anticorrupción. Expertos en cooperación aseguran que el uso de empresas españolas en proyectos en África y Sudamérica "es una aberración", ya que uno de los principios de la cooperación internacional es que las inversiones reviertan en los terceros países. "¿Qué no hay constructoras en Senegal o República Dominicana?", ironizaba una experta del sector.
Entre las empresas constructoras ahora investigadas y a las que se le supone una relación con el entramado se encuentran Construcciones Chus y Beconsa. De la primera existen facturas en el sumario y la segunda cobró por proyectos en África, según ha podido saber Levante-EMV. Beconsa dejó sus oficinas en la calle Safor de Valencia a finales del pasado año, según las mismas fuentes.
La tercera firma constructora vinculada con la trama es Desarrollos del Ecuador Inc.. Esta firma, radicada en Miami, ha sido utilizada para sacar dinero de España, aunque de desconoce en los proyectos en los que participó. Como ya publicó este periódico, esta firma recibió, al menos, 57.491 euros de Esperanza sin Fronteras tras ordenar el pago uno de los cabecillas de la trama.
Cabe recordar que en Miami tenía una firma el empresario en prisión provisional por el escándalo César Augusto Tauroni. Esta empresa se llama Indra Holding and Investment y su dirección es muy cercana a la Asociación Esperanza y Caridad, que iba a aportar un millón de euros en la construcción del hospital de Haití, en el que la Generalitat iba a invertir 4 millones de euros. La crisis frustró este gran proyecto por el que la trama se llevó 177.000 euros.
Pero las constructoras no era el único entramado de empresas afines a la red ahora investigada. Como fundadoras de la Fundación Hemisferio se encuentran Dinamiz-e y Arcmed, dos firmas que se utilizaban para hacer informes y estudios. Por estas consultorías percibían cantidades muy elevadas que en ocasiones representaban la mitad del proyecto. La juez también investiga si estos trabajos se realizaron.
Otra de las firmas investigadas es Mecanizados Inelme. Su administrador es Fernando Cañete y es otro de los empresarios que fue detenido y está ahora imputado por el presunto fraude en las ayudas de cooperación. Esta firma, dedicada según el registro mercantil a la fabricación de herramientas y artículos acabados en metales, tiene una nave en el Puig donde la trama presuntamente habría guardado material.
La investigación judicial continúa bajo secreto de sumario aunque ya se conoce que hay 19 imputados, entre ellos cuatro funcionario públicos. La policía requisó gran cantidad de información de la Dirección General de Cooperación, de las sedes de las ONG y de pisos particulares. A algunas de las personas investigadas se les han requisado hasta los ordenadores portátiles. Hay dos personas requeridas que todavía no se han presentado en el juzgado al estar en el extranjero.
