El presidente de las Corts y exconseller de Medio Ambiente, Juan Cotino, autorizó como presidente de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales (Epsar) el pago de 16.321.934,44 de euros a Emarsa el 14 de mayo de 2010, cuando la empresa pública ya estaba en quiebra y a dos meses de estallar el escándalo. Este abono facilitó que las empresas de lodos del empresario fugado y otras firmas ahora investigadas cobraran sus emolumentos por servicios presuntamente nunca realizados. El grupo socialista en Les Corts denunció ayer que este ingreso se realizó según un acuerdo que no reunía las condiciones legales.
Así, según reveló ayer la diputada socialista Carmen Martínez, Cotino autorizó con su firma un acuerdo sobre los costes de explotación de Emarsa, aprobado anteriormente por una comisión mixta en ausencia de uno de los técnicos que, según la ley, deben estar presentes para ratificar las resoluciones.
Esta persona que supuestamente faltó a la reunión era la única técnico, ya que los demás fueron los imputados en el saqueo Esteban Cuesta y Enrique Crespo, como gerente y presidente de Emarsa, respectivamente, y los gestores de la Epsar, José Juan Morenilla e Ignacio Bernácer, a quienes varios imputados acusan ahora de haberse beneficiado del fraude de los lodos. Cotino aceptó sin rechistar la propuesta que le realizaron estas cuatro personas pese a que las auditorías ya empezaban a cuestionar la gestión de Emarsa.
Martínez, que es portavoz de la comisión de investigación sobre Emarsa en las Corts, exigió al presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, que incluya a Cotino en la lista de comparecientes para que aclare si conocía el supuesto fraude del que varios imputados acusan al exgerente de la Epsar José Juan Morenilla.
La socialista facilitó el documento firmado por Cotino donde se puede leer textualmente que el acuerdo había sido aprobado previamente por la comisión de seguimiento del convenio entre Emarsa y la Entidad Metropolitana de Servicios Hidráulicos (Emshi) -propietaria de la anterior- "estando formada por los miembros requeridos en el convenio para su completa validez".
En contra de lo apuntado, según Martínez, en esa reunión anterior se acordó la propuesta definitiva de los costes de explotación para el ejercicio 2010 (16.321.934 euros) sin que estuvieran presentes "todos los miembros" de la comisión mixta.
Según el convenio marco establecido en 2004, la comisión mixta debe estar copresidida por el presidente de la Emshi (Enrique Crespo en 2010) y por el gerente de la Epsar (Morenilla), e integrada por un miembro técnico de la Emshi y dos miembros técnicos de la Epsar.
Sin embargo, en la citada reunión del 15 de febrero de 2010 no estuvo presente ningún técnico de la Emshi, advirtió Martínez, que considera por ello que el pago de los 16,3 millones de euros fue "falso e ilegal". "Cotino no dijo la verdad en ese documento para poder ingresar esos 16 millones en la depuradora de Pinedo", subrayó.
La diputada socialista incidió en que, en esa línea, dos convenios por los que la Generalitat financió a Emarsa con 120 millones de euros "nunca" fueron validados por la Emshi. Fuentes de la presidencia de la Cámara no se pronunciaron todavía sobre las afirmaciones del grupo socialista, según publicó la Agencia Efe.
La comisión de investigación se reúne hoy para aprobar las comparecencias en las Corts. Seguramente se fijen las peticiones del PP, que tiene la mayoría, por lo que ni Juan Cotino, ni la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, tendrán que desfilar por la Cámara. Morenilla es de los pocos implicados con responsabilidad en Epsar que deberá acudir.
Crespo declara hoy ante el juez, que podría tomar medidas cautelares contra él
El exalcalde de Manises y exvicepresidente de la Diputación de Valencia, Enrique Crespo, declara hoy ante el juez que instruye el saqueo a la empresa pública Emarsa que presidió entre 2004 y 2010. Según la providencia que ya publicó este periódico, el magistrado pretende debatir hoy si aplica medidas cautelares a Crespo como la retirada del pasaporte o la comparecencia semanal en el juzgado. Aún así, fuentes jurídicas aseguraron a este periódico que no se descarta que el instructor pudiera tomar alguna media más dura y contundente por la gravedad de los delitos que se le imputan. De momento, Enrique Crespo está imputado por media docena de delitos, entre los que están la estafa y el fraude a Hacienda. Además, un juzgado de Andorra también le investiga, así como a su hermano Carlos, por un presunto delito de blanqueo de capitales, como ya contó este diario. Carlos Crespo no está imputado en la causa de la depuradora de Pinedo. Según pudo saber Levante-EMV, podría haber sido agraciado con hasta diez décimos de lotería en el Sorteo de Navidad que repartió su hermano Enrique a través del PP de Manises. El plazo para cobrar este premio finaliza el 22 de marzo. El juez sí que solicitó indagar en las cuentas de familiares de Crespo.
