El titular del juzgado de Instrucción número 3 de Valencia ha aplazado el juicio previsto para este martes contra 19 delegados de los sindicatos UGT, CCOO, Intersindical Valenciana y CSI·F acusados de una falta por los "encierros" que llevaron a cabo en la noche del 6 de febrero en edificios públicos para protestar contra el decreto de recortes del Consell 1/2012.
Este martes estaban citados en la Ciudad de la Justicia de Valencia un total de 19 delegados --miembros del Comité de Empresa de Bienestar Social y de las Juntas de Personal de los Servicios Centrales y de los Servicios Territoriales de Valencia-- tras ser denunciados por el comisario de Policía y por la Secretaría Autonómica de la Conselleria de Justicia por ocupar edificios públicos después de las 20.00 horas.
Estas 19 personas iban a ser juzgadas en dos juicios de faltas distintos. El primero, previsto a las 10.00 horas, se dirigía contra siete miembros del Comité de Empresa; y el segundo, a las 10.30 horas, contra 12 delegados de las Juntas de Personal. Sin embargo, ambos juicios han quedado aplazados puesto que no se había citado a uno de los denunciantes, el comisario de Policía, quien tenía que ratificar la denuncia. Las nuevas vistas tendrán lugar el próximo martes, día 27, a las 9.00 y 9.15 horas.
Una de los acusadas, María Jesús Barbarroja, presidenta del Comité de Empresa de Bienestar Social, ha indicado en declaraciones a los periodistas que el día de los hechos, el 6 de febrero, se reunieron varios delegados a petición de los afiliados del sindicato, ya que "estaban preocupados" por la aprobación del nuevo decreto del Consell.
Barbarroja ha explicado que la reunión se prolongó hasta la mañana siguiente, así que "no fue ningún encierro para protestar, simplemente se alargó el encuentro", ha dicho. Por este motivo, ha mantenido que ellos no cometieron ningún tipo de delito: "fue una reunión muy larga y en ningún momento salimos del local del Comité de Empresa", ha dicho.
La presidenta ha señalado, además, que la Policía se acercó hasta donde estaban y les pidió la documentación. Tras ello, se fueron y no les invitaron a abandonaran el lugar. "Nadie nos dijo que no pudiéramos estar allí", ha aseverado. Tras ello, y pasados los días, recibieron una denuncia y una citación, "pero sin ninguna explicación por parte del Consell".
"Hasta resolverlo"
Por su parte, el presidente de la Junta de Personal, Adel Francés, de Intersindical Valenciana, ha señalado, al igual que su compañera, que los miembros de la junta se reunieron para analizar el decreto "severo" del Consell, y decidieron quedarse toda la noche "hasta resolver lo que íbamos a hacer", ha dicho. Esto también ocurrió el mismo día 6 de febrero.
Francés ha aseverado que ellos se encontraban en locales cedidos por la Generalitat valenciana, "y en ningún momento se nos dijo que nos fuéramos", ha agregado. La policía se acercó, les pidió los DNI, y se fue. "Solo estábamos reunidos, no encerrados", ha insistido.
