El ministro del Interior, Jorge Fernández, ha anunciado que antes de que se acabe el periodo de sesiones en el mes de junio, el Gobierno presentará el proyecto de ley orgánica de modificación del Código Penal. El nuevo cambio, ya van 27 y el último data de 2010, pretende endurecer todos los artículos del Capítulo II Título XXII que regula los delitos de orden público. Entre las novedades se encuentra incluir la «resistencia pacífica» dentro de los «atentados a la autoridad». Esta práctica fue la utilizada por los «indignados» que acamparon en las plazas valencianas y por los manifestantes de la conocida como «primavera valenciana».
El Gobierno también tiene la intención de considerar un agravante de la desobediencia a la autoridad el hecho de que ésta se produzca en una manifestación o concentración. En la actualidad, éste es un delito menor con una pena que no supera los seis meses de cárcel, aunque la intención del Ejecutivo de Rajoy es que pase a ser penada entre uno y tres años de prisión. Hasta la fecha, sólo en caso de que hubiera agresiones o de que el presunto delincuente fuera un cargo público las penas aumentarían.
Otra de las modificaciones previstas en el Código Penal será la de incluir la «prisión provisional» en caso de atentado a la autoridad. Los detenidos frente al Colegio Lluís Vives o los arrestados ante las Corts Valencianes se podrían haber visto afectados gravemente por este cambio normativo.
El portavoz en la Comunitat Valenciana de la asociación de juristas Jueces para la Democracia, Ximo Bosch, asegura que no es necesario un cambio en el Código Penal ya que el actual articulado «está ajustado para castigar esas conductas delictivas». Bosch cree que la intención del Ejecutivo de Rajoy con estos anuncios es la de «criminalizar unas manifestaciones que en su inmensa mayoría han sido pacíficas». «Ante un contexto de recortes, el Gobierno pretende dar un discurso de orden público para desviar la atención», apunta.
El portavoz de Jueces para la Democracia cree que incluir la «resistencia pasiva» como un delito penal «no es aceptable». «Endurecer el Código Penal con estas medidas nos hace pensar que el camino de la reforma va más encaminado por la represión judicial que por la acción social». Bosch apuesta por reformar la legislación penal en otros ámbitos que generan «más alarma social». «Deberíamos endurecer las penas por corrupción, porque en este caso sí que se está ofreciendo sensación de impunidad», propone.
Adoración Guamán, profesora de derecho en la Universitat de València y una de las juristas que han defendido a los «indignados» en los tribunales asegura que esta reforma «es una actuación preventiva» contra las manifestaciones. «Un joven al que encarcelan tras una protesta pierde las ganas de seguir reivindicando», lamenta.
Multas en Valencia por variar el itinerario de una marcha
Cuando se celebra una manifestación, la fuerzas de seguridad deben garantizar tanto el derecho constitucional a manifestarse como el de la libre circulación de las personas. Los juristas entienden que en la ponderación de ambas garantías estás la virtud, aunque siempre se producen serios encontronazos, como pasara en las concentraciones ante el instituto Lluís Vives de Valencia.
A los jóvenes que participaron en estas protestas, conocidas como la «primavera valenciana», se les acusó de saltarse la ley por no haberlas comunicado a la Delegación del Gobierno. «El hecho de comunicar o no una manifestación es una cuestión administrativa. Intentar penalizar a quien convocara o acudiera a un acto o concentración sería de dudosa constitucionalidad», defiende Ximo Bosch, portavoz de la asociación de juristas Jueces para la Democracia. Para Bosch, la Delegación del Gobierno «debe garantizar el derecho de manifestación aunque no esté comunicada. Además, si es pacífica debe prevalecer este derecho a otros si no se vulneran flagrantemente».
De la misma opinión que Bosch es la profesora de Derecho de la Universitat de València y abogada Adoración Guamán. «No se debe contemplar que la comunicación de una manifestación se regule penalmente. El derecho penal tiene una finalidad que no es la represión y en algunas de las reformas que pretende el Gobierno así lo parece», argumenta la jurista que asesoró legalmente a los «indignados».
«En las movilizaciones por el 15M de 2011 a mí me multaron por acudir a una manifestación que había sido comunicada a la Delegación del Gobierno. Nos imputaron un cambio de trayectoria», afirma. «Están intentando poner puertas al campo y no se puede intentar vulnerar derechos fundamentales como es la manifestación o la reunión», critica.
