De atropello, aberración, vulneración de derechos fundamentales, infamia e inmoralidad calificaron ayer diferentes asociaciones que trabajan con inmigrantes la decisión del gobierno de Rajoy de suspender la prestación sanitaria a los inmigrantes irregulares. La medida que entrará en vigor a partir del 1 de septiembre solo autoriza que sean atendidos en urgencias cuando lleguen con una enfermedad o un accidente grave, en el embarazo, parto y posparto.

El Real decreto de recortes sanitarios, que aprobó el Consejo de Ministros el pasado viernes y que se publicó ayer en el BOE, excluye de la asistencia sanitaria a los inmigrantes irregulares mayores de 18 años.

El último estudio realizado por el Observatorio Valenciano de la Inmigración que data de enero de este año dio a conocer que en la Comunitat Valenciana hay 246.582 inmigrantes en situación irregular, 176.328 de países de la Unión Europea y 70.254 extracomunitarios. La cifra representa el 31,7 % de total de extranjeros en situación irregular que hay en España.

El secretario de Inmigración de CC OO, Ventura Montalbán, calificó la exclusión de la sanidad de este colectivo de "aberración".

"Ya lo intentó Aznar en 2007 con la contrarreforma de la Ley de Extranjería que tumbó el Tribunal Constitucional porque era un derecho fundamental y ahora vuelven a las andadas y con la excusa del 'turismo sanitario' se deja sin ese derecho a las personas sin documentación, que son los jóvenes que vienen de los paises del Sahel o de Latinoamérica, que están sanos y que apenas consumen recursos sanitarios", agregó Montalbán.

El portavoz de Inmigración de CC OO ha llamado a la insumisión a los profesionales sanitarios para que desobedezcan el mandato legal y presten asistencia sanitaria a todas aquellas personas en situación irregular que lo requieran.

Por otra parte, el segundo informe del Observatorio europeo que Médicos del Mundo realizó entre inmigrantes sin permiso de residencia en 2009, revelaba que sólo el 4 % de los encuestados citó razones de salud cuando se les preguntó por los motivos que les habían llevado a emigrar a España. "Es rotundamente falso que la sanidad genere un efecto llamada", afirmó la ONG.

Saturación de urgencias

La Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias ha anunciado que la medida se va a convertir en una "fuente de conflictos y problemas", ya que estos servicios no están preparados para atender a estos pacientes que tienen unas necesidades sanitarias diferentes.

Otro estudio realizado por médicos de Atención Primaria de Zaragoza en el que se analizaron más de cinco millones de visitas de una población de 473.523 personas (el 11,17% inmigrantes) concluyó que este colectivo utiliza "menos" los servicios sanitarios que la población española. Los inmigrantes adultos fueron 4,2 veces al médico por las 6,7 de los españoles.

Por su parte, la presidenta de Valencia Acoge, Carolyn Phippard, afirmó que la medida es una "barbaridad", porque afecta a personas en situación muy desprotegida, sin familia y sin trabajo. "Crea más divisiones todavía y va en contra del doble discurso que se hace con los inmigrantes: por un parte que se integren y por otro aplicando medidas que lo impiden". "Empieza con los inmigrantes irregulares pero, ¿quien serán los siguientes? Hoy es la salud y mañana puede ser la educación,hay que abrir la mentalidad de que los inmigrantes tienen que ser más para nosotros, no menos".

Por su parte, el secretario de sanidad de CC OO, Arturo León, apuntó que los que consumen los recursos sanitarios son los que vienen de los paises ricos, "pero quien va a pagarlo son los más desfavorecidos y es una mala pasada dejarlos ahora en la estacada", agregó León.

"Un rastro de exclusión que mojará a todos"

Médicos del Mundo, que atendió a más de 19.000 personas inmigrantes el año pasado, ve "injusto" el Decreto Ley de medidas urgentes que dejará a los inmigrantes en situación irregular en España sin acceso al sistema sanitario, y considera que "no va a suponer un ahorro de costes al incrementarse el uso de los servicios de urgencias".

Por ello, pide al personal sanitario que solicite al Gobierno la retirada de la medida. El presidente de la organización en España, Álvaro González, ha indicado que la reforma es "contraria a una política de salud pública", pues el acceso a la atención primaria "reduce la morbilidad, la prevención y el diagnóstico temprano son más eficientes y tienen menos coste que los tratamientos".

Federación Estatal de SOS Racismo ha advertido que es "una medida inconstitucional" que "dejará un rastro de exclusión social que terminará mojando a todos". e. p. madrid