25 de abril de 2012
25.04.2012
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Suspendidos y culpables

Inmaculada Sánchez

25.04.2012 | 07:30

Lleva de ministro de Educación poco más de cien días y, aunque parezca poco tiempo, ha hecho mucho. Mucho mal al sistema educativo.
Lo hemos oído hablar en sede parlamentaria y en ruedas de prensa. Son varias las conclusiones que una saca tras sus intervenciones. La primera es que se ha rodeado de un equipo ministerial que no da la talla. La segunda es que el señor Wert manipula los datos educativos a su antojo. Repite, y repiten los consejeros de Educación de las CC AA gobernadas por el PP, que las últimas medidas adoptadas por el Gobierno no afectarán a la calidad de la educación y, para justificar el injustificable aumento de ratio, dicen que en España están por debajo de la media. Sólo un ejemplo, en el 1.er ciclo de la ESO, la media española (Informe Anual del Consejo Escolar del Estado 2009-10) es del 24,2 %, un 2,1 % por encima de la media de la OCDE (23,7) y un 10,5% sobre la media de la Unión Europea (21,9). Por tanto, este aumento de ratio en las aulas provocará masificación, imposibilidad de detección de altas capacidades o dificultades, problemas de espacio y una vuelta a la educación de los setenta .
La tercera, y la que más duele, es el estilo y lenguaje que utiliza para justificar las medidas que deterioran el servicio público educativo. Cuando dice «los ciudadanos pagan con sus impuestos la educación y no podemos permitir que haya un 30 % de abandono en los estudios universitarios, que tengamos tasas tan altas de fracaso escolar, que ninguna universidad española está entre las 150 mejores del mundo€ y si no se consigue la excelencia, con esfuerzo y talento estamos defraudando, y poco menos que robando, al resto de ciudadanos». Y la cuarta es que el ministro, no extraña viniendo del mundo laboral del que viene, considera que la Educación con mayúsculas, sí, es una empresa y como tal debe de ser dirigida. Pero, claro, se olvida de algo fundamental, y es que en el mundo educativo se trabaja con ciudadanos y ciudadanas desde sus primeros meses de vida hasta que esa persona quiera finalizar su proceso de formación. Y que es el Estado el garante de proporcionársela, independientemente de la capacidad que tenga cada uno y dotarle de los medios necesarios para alcanzar el máximo de su desarrollo cognitivo y personal.
El sentimiento de culpabilidad y la congoja que produce el mensaje que transmite el responsable ministerial es tal que dudo mucho transmita «confianza» ni a los estudiantes, ni a los padres y madres, ni al profesorado ni € a los mercados .

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