Si las finanzas autonómicas están virtualmente en bancarrota por elevado nivel de gasto y el desplome de ingresos como consecuencia de la crisis, la situación de los ayuntamientos no es mejor. El informe de la Cuenta General de las Entidades Locales correspondiente a 2010, entregado ayer por la Sindicatura de Comptes a las Corts, certifica la quiebra de las haciendas municipales, con un dato demoledor: al cierre de 2010, el remanente de tesorería para gastos generales -el dinero del que pueden disponer las administraciones para financiar gastos no previstos- del conjunto de los ayuntamientos fue negativo en 120,3 millones, lo que supone un empeoramiento del 1.758% respecto a 2009, cuando fue positivo en 7,25 millones. Este remanente permite, una vez liquidado el presupuesto, afrontar gastos no contemplados: si es positivo, hay margen y liquidez pero si es negativo, la administración afectada debe recortar el presupuesto para compensar lo que ha gastado de más en ejercicios anteriores.
Y lo que queda patente, a la luz del informe, es que las administraciones locales han vivido estos años muy por encima de sus posibilidades. De hecho, 171 ayuntamientos cerraron el ejercicio con un remanente de tesorería -que no incluye ingresos para actuaciones ya comprometidas- negativo. Algunos, como el de Alboraia, llegaron al disparate de arrastrar un remanente negativo (22 millones) superior al presupuesto de todo el año (20,1 millones). Valencia y Alicante lo tienen positivo mientras Castelló fue negativo en 8,8 millones (4,9% del presupuesto).
Pero además, el resultado presupuestario ajustado del año descendió un 56% hasta situarse en 109,18 millones. Nada menos que 223 entidades locales (el 38,7%) presentaron un resultado presupuestario ajustado negativo (déficit). Igualmente, 161 entidades (el 28%) cerraron con fondo de maniobra negativo (diferencia entre los cobros a corto plazo y las deudas a las que deben afrontar a corto), lo que revela los problemas de liquidez.
En conjunto, los municipios vieron recortado su presupuesto inicial de ingresos en un 10%. Todos los impuestos han descendido excepto el IBI, que aumentó un 6% tras crecer un 10% el ejercicio anterior, y el impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana, que se ha visto incrementado en un 13%.
El gasto público por habitante se recortó un 7% hasta 1.069 euros. Los municipios de Castelló mantuvieron el mayor nivel, con 1.150 euros, seguidos de los de Valencia (1.116 euros) y Alicante (984 euros). Del mismo modo, los ayuntamientos castellonenses invirtieron 307 euros por habitante, frente a los 251 de Valencia y a los 196 de Alicante.
La deuda por habitante, 585 euros
La carga financiera per cápita creció un 42%. La mayor corresponde a los municipios de Valencia, que ha pasado de 87 a 149 euros (un 71% más). En Castelló, en cambio, disminuyó de 71 euros a 67 euros, mientras en Alicante aumentó de 57 a 61. Los municipios de la Comunitat Valenciana vieron reducidos sus ingresos en 749 millones de euros, lo que supone un 14% respecto al año anterior, mientras sus gastos lo hicieron en un 6% (284 millones). El endeudamiento por habitante se sitúa en 585 euros, lo que supone un 1% más que el año anterior. El crédito a largo plazo se ha mantenido en torno a los 2.500 millones de euros, mientras a corto ha disminuido un 40%, hasta 207,68 millones. En cuanto a la presión fiscal, ésta se mantiene en niveles similares a los de 2009, con 546 euros por habitante, siendo los habitantes de Castelló los que soportan una mayor presión (633 euros), seguidos de Alicante (564 euros) y Valencia (511 euros).
El informe se elaboró sobre las 576 entidades locales (entre éstas, 496 de los 542 municipios), el 87% del total y el 92% de los municipios, abarcando el 92% de la población de la C. Valenciana, un descenso importante respecto a 2009, cuando se situó en el 97% de los habitantes. El motivo, reprocha el Síndic, es que ayuntamientos importantes, como Crevillent, Gandia, Mislata, Orihuela, Sueca y Torrent no las entregaron a 31 de diciembre, dos meses después de expirar el plazo que se les dio. Y seguían sin hacerlo a la fecha de la aprobación de la fiscalización, a principios de este mes, Gandia, Mislata, Orihuela y Sueca. Destaca este último consistorio, que no presenta las cuentas de los ejercicios 2006 a 2010.
Por ello, la Sindicatura solicita a la Generalitat que haga uso de la ley para no conceder subvenciones y ayudas a quien no haya rendido las cuentas. A fecha de ayer, en esa "lista negra" había 26 municipios, entre ellos, Gandia, Benetússer, Orihuela, Nules o Sueca.
