El pleno del Consejo General del Poder Judicial acordó ayer imponer el traslado forzoso del magistrado de lo Mercantil Fernando Presencia por una falta muy grave. El magistrado debe abandonar de inmediato el juzgado de lo Mercantil número dos de Valencia, en el que ha alcanzado notoriedad en los últimos años, y aceptar un destino a más de cien kilómetros de distancia. El pleno del Poder Judicial refrendó por unanimidad la propuesta de sanción del instructor del expediente abierto contra el magistrado por los cursos que organizaba. El expediente concluía que la imparcialidad del magistrado se ha podido ver menoscabada al haber adjudicado concursos a alumnos del máster de 12.000 euros que codirigía y por el que percibía una retribución. Levante-EMV contactó ayer con el magistrado sancionado a través del gabinete de comunicación TSJ y se limitó a contestar que no tenía "nada que decir".
El Tribunal Superior de Justicia de Valencia informó de que previsiblemente la comisión permanente del Poder Judicial decidirá el próximo martes el juzgado al que quedará adscrito el magistrado. Fernando Presencia no puede volver a concursar en un año. En la actualidad no hay ningún juzgado de lo Mercantil libre en la Comunitat Valenciana. El magistrado siempre tendrá la opción de optar a un juzgado de Familia a resolver divorcios, ir a un Registro Civil a celebrar bodas o a cualquier otro destino, aunque en los próximos doce meses no podrá ejercer a menos de cien kilómetros de Valencia.
El vicepresidente del Poder Judicial, Fernando de Rosa, explicó ayer en Valencia que ha quedado acreditado que el magistrado inició la actividad extrajudicial sin ningún tipo de autorización y "había determinados alumnos que obtenían ventajas en los nombramientos en el juzgado de lo Mercantil". De Rosa recordó que el juez puede recurrir y destacó que veinte vocales votaron a favor de la sanción y ninguno en contra. La plaza del magistrado en Valencia va a salir a concurso en las próximas semanas. De Rosa indicó que si se cubre antes de un año -que es lo normal- ya no podrá optar a su antiguo destino.
El magistrado del TSJ de Castilla-La Mancha José Montiel González, instructor del expediente, comprobó tras una extensa investigación que Fernando Presencia adjudicó concursos a 27 de los 44 alumnos de su máster entre el 1 de enero de 2009 y el 24 de abril de 2011. El instructor destacó que cada día del curso salía a 413,79 euros.
El Poder Judicial, como ha venido adelantando este periódico, incoó una información previa en junio de 2011 tras enterarse de que un abogado aseguró haber pagado 12.000 euros del máster que codirigía el juez para que le dieran concursos. El servicio de inspección del Poder Judicial le pidió un informe al juez para que diera explicaciones y elevó el caso a la comisión disciplinaria al hallar indicios de irregularidades en su conducta.
La revelación que ha apartado de la vida judicial valenciana al magistrado Presencia trascendió en junio de 2011, días después de que el Poder Judicial abriera una investigación más amplia para comprobar a quién daban los concursos los jueces de lo Mercantil. La investigación a nivel nacional se archivó casi de inmediato, pero el Poder Judicial decidió seguir examinado a Presencia tras la denuncia de un abogado matriculado en el primer máster en Administración Concursal de Valencia que reveló en un correo electrónico dirigido al resto de sus compañero "graves irregularidades". El letrado anunciaba a sus compañeros que iba a comparecer en la Fiscalía para informar de "la corrupción a la que venimos sometidos desde que entró en vigor la ley concursal y que como sabéis viene denunciándose". "Dispongo de documentos que llevo investigando desde hace tiempo, entre ellos los escandalosos 12.000 euros para que de forma encubierta, y no menos fraudulenta, se nos hubiera adjudicado un concurso que no llega y que siempre se llevan los que más pagan", recoge el correo electrónico. Catorce abogados avalaron ante la Fiscalía de Castelló la denuncia del alumno de Fernando Presencia.
En juego su imparcialidad
La portavoz del Poder Judicial, Gabriel Bravo, destacó ayer que la participación de Presencia en los cursos como director y conferenciante puso en juego su imparcialidad como magistrado.
El magistrado expedientado asignó hace unos meses una suspensión de pagos de 300 millones a tres alumnos y al codirector de su máster, el catedrático Juan Bataller Grau. Los honorarios que perciben los profesionales por un concurso de esta cuantía pueden rondar el medio millón de euros.
Juan Bataller Grau fue nombrado auxiliar delegado concursal de la suspensión de pagos de Viviendas Jardín. La empresa, que ahora se denomina Tersicia, es una de las promotoras emblemáticas del periodo de bonanza del sector inmobiliario. De entre los 300 administradores registrados en Valencia fueron nombrados para el caso José Fernando Bosch Sánchez, Juan Antonio Fuster Matosas y Juan Carlos Torres Sanchis, tres alumnos del máster, y Bataller Grau.
El malestar de los responsables judiciales con Presencia ha ido creciendo en los últimos meses. El magistrado de lo Mercantil se ausentó en noviembre de su juzgado durante dos días sin pedir permiso para estar al frente de las jornadas de Xàtiva en las que intervinieron PP, PSOE y EU, según informó por medio de un comunicado el Tribunal Superior de Justicia. Presencia, que codirigió el curso de dos días con un precio de inscripción de 290 euros, logró sentar en una misma mesa a los cabezas de lista por el Congreso en Valencia Esteban González Pons (PP) e Inmaculado Rodríguez-Piñero (PSOE) y a la candidata al Senado Adoración Guamán (EU). El primer día que Fernando Presencia no fue a trabajar para asistir a sus jornadas de pago se celebró en su juzgado una vista importante con uno de los jueces nombrados para descargarle de trabajo.
PERFIL
Presencia, el juez estrella
El titular del juzgado de lo mercantil número dos adquirió en los últimos años un protagonismo público desconocido para los jueces que le llevó incluso a tener un responsable de prensa que le concertaba entrevistas con medios de comunicación. Sus dos colegas de tareas en los juzgado de lo Mercantil son prácticamente desconocidos ya que permanecen lejos de las cámaras.
Un diario de Madrid le ha hecho de promotor hasta el punto de informar de que el juez se aprestaba a instruir al Banco de España sobre la política que debía seguir. Una pretensión que dos días después no tuvo más remedio que reducir a la intención de invitar al organismo supervisor a unas jornadas técnicas.
La receta mágica que propone para acabar con la crisis es la dación en pago. Su salto al estrellato mediático fue el concurso de la inmobiliaria Llanera, donde aplicó su experimento.
Su "talón de Aquiles" ha sido la adjudicación de concursos.
Los abogados protestaron porque "los mejores concursos siempre van a caer en los mismos administradores". Los seis administradores de Llanera se repartieron algo más de 5 millones en honorarios. Por sus manos pasaron los concursos más voluminosos como los de Promociones Armiñana, Muebles Hurtado, Colortex, Construcciones Belenguer, Levante Unión Deportiva, Midascon (filial del grupo Soler), el Consorcio de Cooperativas de l'Horta, Metrored y Viviendas Jardín.
Presencia convirtió la difusión de sus opiniones y su experencia jurídica en una segunda actividad profesional. El juez se convirtió en un habitual de los foros y jornadas de trabajo especializadas en Derecho Concursal desde que eclosionó la crisis en 2008 y comenzó el aluvión de suspensiones de pagos en las empresas. Mucho de los foros en los participa cuentan con el patrocinio de colegios de censores de cuentas o abogados. Alguno de los patrocinadores han intervenido de forma directa o indirecta en los casos bajo la tutela del juez.
