actos de la visita del papa a Valencia en 2006 Gürtel Pablo Crespole propuso este trabajo tres meses antes de que Radiotelevisión Valenciana (RTVV) adjudicara el contrato.

Miguel Torroja FungairiñoPedro García Gimenoha negado haber recibido regalos de la red corrupta

Crespo contactó con él en febrero de ese año la convocatoria del concurso por estos servicios no se publicó hasta abril

la constructora Teconsa por 7,5 millones de euros

calificado de "ridícula" la acusación de la Fiscalía Anticorrupción

si en alguna ocasión recibió algún regalo, eran "normales entre amigos".

MANIFESTACIÓN DE LOS TRABAJADORES

Mientras García Gimeno declaraba en la Audiencia Nacional, trabajadores del ente público valenciano se han manifestado en las puertas del tribunal para exigir a la Generalitat la paralización de "cualquier despido" en la corporación hasta que su exdirector general devuelva todo el dinero que "saqueó".

A su salida del tribunal, ha recalcado a los periodistas que "es amigo de Álvaro y ya está" y que "de ahí no viene ninguna relación comercial de nada", manifestaciones que efectuaba al tiempo que los trabajadores de RTVV le espetaban insultos como "farlopero", "ladrón" o "Gimeno, trilero, devuelve el dinero".

Los hechos se extienden al reparto de beneficios obtenidos de la adjudicación de la Radiotelevisión Valenciana a la constructora Teconsa de los trabajos para el suministro e instalación del equipamiento de sonorización durante la visita del papa.

Según el juez, a través de la subcontratación de servicios con Impacto Producciones, Apogee Telecomunicaciones y Sirius Show Equipment, así como de los gastos contabilizados para la ejecución del contrato y las facturas emitidas por Wild Electronics, Castaño Corporate y Free Consulting -un total de 1.242.690 euros-, Teconsa podría haber dejado de ingresar diversas cantidades a Hacienda.

Las cantidades presuntamente defraudadas al usar como pantalla esas empresas serían la cuota de IVA soportado de 198.830 euros y el Impuesto de Sociedades de 2006 por la deducción improcedente de las facturas emitidas por las anteriores mercantiles al no responder a la prestación de servicios reales, cifrado en 434.941 euros.