El primer expediente de regulación de empleo (ERE) que se ejecuta en una empresa pública, el Instituto Valenciano de Vivienda (Ivvsa), ha comenzado ya a aplicarse esta semana. Los directivos de la empresa (que mantienen todos sus puestos y, en algunos casos, los salarios) han comenzado a despedir a los 211 trabajadores «seleccionados», a una media de unos 20 finiquitos al día, según explican a Levante-EMV fuentes de la empresa. Las circunstancias en las que se desarrolla el ERE del Ivvsa son una especie de laboratorio de cómo pueden desarrollarse los acontecimientos en el resto de empresas públicas pendientes de una «reestructuración». Y las negociaciones entre la empresa y los trabajadores han sido «un desastre. O te acoplas a lo que ellos quieren o te vas a la calle», explicaba un trabajador.

La única concesión que han logrado los sindicatos respecto a las pretensiones iniciales de los responsables del Ivvsa ha sido salvar el puesto de trabajo de 40 empleados, por lo que el Ivvsa se quedará con 116 trabajadores (cifra que incluye a los directivos) para atender todos los servicios que presta en la Comunitat Valenciana. La propuesta inicial era reducir de 327 a 76 personas la plantilla.

En el resto de exigencias, la dirección del Ivvsa se ha salido con la suya, con la inestimable ayuda de la última reforma laboral. Los despedidos se van a la calle con una indemnización de 20 días de salario, con un tope de un año. De los 116 que se quedan, a un 20% se les ha renovado el contrato, lo que incluye descuentos de salario (una media de 4.000 o 5.000 euros menos al año) y nuevas condiciones laborales. De hecho, en algunos casos, la tesitura que planteaba la gerente del Ivvsa, Inmaculada García Pardo, a sus trabajadores era aceptar una reducción de unos 500 euros en el salario o acogerse forzosamente al ERE». Además, la selección de los 211 despedidos ha sido «totalmente arbitraria» y «sin ninguna sensibilidad hacia situaciones personales como matrimonios que trabajaban en el Ivvsa y han acabado despedidos, la edad, familias numerosas, el pago de hipotecas...», explican fuentes de la empresa.

No obstante, para los despedidos mayores de 55 años, el Ivvsa se encargará de pagar sus cotizaciones a la Seguridad Social hasta que cumplan 61 años, aunque no trabajen. Esta medida puede ser un arma de doble filo ya que al llegar a los 61 años, si no han encontrado trabajo deberán jubilarse de forma anticipada, por lo que pueden perder un 8% de su pensión de jubilación.

Para los mayores de 45 años, el Ivvsa también ha previsto una ayuda mensual de 840 euros durante los primeros seis meses que permanezcan en el paro (que se añadirá al subsidio por desempleo). También se ha creado un plan de recolocación externa (algo a lo que obliga el Estatuto de los Trabajadores), una bolsa de reciclaje laboral para los más jóvenes y una bolsa de trabajo de la que echar mano si el Ivvsa necesitara aumentar la plantilla en un futuro.

Estos recortes y despidos van a tener un efecto inmediato sobre la atención al ciudadano. El Ivvsa cerrará las sedes de la Oficina Riva en Russafa y la de la calle Vinatea, ya que sólo mantendrá abiertas la de la avenida de la Plata y la calle En Bou. En Castelló dos personas deberán atender a toda la provincia.