La fundación matriz del entramado de ONG y funcionarios acusados de defraudar ayudas al Tercer Mundo de la Conselleria de Solidaridad que dirigía Rafael Blasco desvió dinero público para la compra de dos viviendas en Miami y una embarcación, según consta en el sumario del caso en poder de Levante-EMV. La juez señala que dos inmuebles que tienen a su nombre la mujer del empresario ahora encarcelado se habrían utilizado para «la transformación de los fondos públicos en privados». Además, cabe recordar que una de las organizaciones implicadas ya utilizó dinero destinado a pozos en Nicaragua para adquirir dos pisos y dos garajes en Valencia.
La titular del Juzgado de Instrucción número 21 de Valencia, Nieves Molina, acordó el pasado miércoles por la noche levantar el secreto de sumario de la investigación sobre una presunta trama de funcionarios y ONG que podría haber desviado unos 6 millones de euros de ayudas de la Generalitat al Tercer Mundo. De momento, ya hay 22 imputados y el sumario judicial ya supera los 16.000 folios. Además, el empresario considerado por la magistrada como el cabecilla de la trama, César Augusto Tauroni, se encuentra en prisión provisional sin fianza desde el mes de marzo, fecha en que se realizaron las primeras 14 detenciones relacionadas con el caso. Se les acusa de malversación de caudales públicos, blanqueo de capitales, fraude en subvenciones públicas, falsedad documental y cohecho.
Un auto emitido por la juez instructora revela una total connivencia entre altos cargos y funcionarios de la Generalitat con el cabecilla de la trama y la ONG que dirigía en la sombra, la Fundación Hemisferio. A través de esta organización y otras cinco captadas para la causa, conseguían subvenciones de la Conselleria que dirigía Rafael Blasco pese a no estar cualificadas. Incluso se llegó a falsificar documentos para conseguir las subvenciones entre 2008 y 2011, y pese a que este periódico había revelado estas prácticas. Ni la denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción de las diputadas del PSPV y Compromís, Clara Tirado y Mireia Mollà, fueron suficientes para que la red dejara de intentar defraudar y la Generalitat continuara otorgándoles fondos públicos.
Parte del dinero que recibían las ONG se destinaba, «dos o tres días después de cobrarlo», a empresas de Augusto Tauroni y de los administradores de la Fundación Hemisferio. Según el auto de la juez, «Augusto César Tauroni ha creado un entramado de sociedades a través de las cuales ha conseguido captar elevadas cantidades de dinero, utilizando para ello como meras entidades instrumentales a las ONG que han concurrido a las convocatorias públicas de la administración autonómica, circunstancia que queda claramente constatada del contenido de las conversaciones telefónicas intervenidas a los investigados». Según fuentes de la investigación, Tauroni consiguió que se transfirieran alrededor de 1,5 millones de euros a su media docena de empresas radicadas en EEUU. Estas firmas no tienen nada que ver con los conceptos de las facturas cobradas. De hecho, la juez se extraña de que alguna ONG de la trama pague grandes cantidades de dinero a empresas de Miami para hacer un proyecto en Mauritania. Es más, llega a dejar caer en un auto de 21 de febrero de 2012 que algunos de los proyectos financiados por la Generalitat nunca se hicieron. Junto a César Augusto Tauroni se detuvo y se ha imputado a su hermano Arturo, persona que según la investigación trabajaba sobre el terreno. También a la mujer del empresario encarcelado Alina Indiekine.
Firmas en EE UU
Otro empresario también imputado y cuyas firmas habrían recibido dinero de estas ONG es Fernando Cañete. Cañete compartía sociedades con Tauroni y tenía también firmas en EEUU. Este hombre está casado con Maribel Castillo, la directora de la Fundación Hemisferio y «persona de confianza de Tauroni». Castillo era el contacto con el personal de la conselleria. Según la juez, Maribel tiene «pleno conocimiento del destino de parte de los fondos públicos ya que han ido a parar a sociedades de su marido». Existen conversaciones telefónicas en las que Cañete le indica a su pareja como no dejar rastro de los pagos e, incluso, le recomienda abandonar el trabajo «dado el riesgo que asume con el mismo».
Como señala la juez en un auto, las cinco ONG captadas eran conscientes de la «desviación de fondos» y las considera cómplices necesarios para el desarrollo del presunta fraude. Por ello detuvo en su día y ha imputado a los presidentes de Ceiba, Juan Pablo Ebang; Esperanza Sin Fronteras, Fernando Darder; Asa de África, Christine Bernadette; Fudersa, Rafael Barrera; Cyes, Marcial López; y Fundación Hemisferio, Adolfo Soler y Alfonso Navarro.
Por lo que respecta a los cinco funcionarios y exaltos cargos de la Generalitat, la juez considera que «la investigación ha puesto de manifiesto la existencia de indicios de la suficiente entidad para imputar a estos un actuar irregular e incardinable en tipos penales como la malversación de caudales públicos o la falsedad documental». La magistrada acusa de haber participado en la supuesta trama al exdirector general de Cooperación, Josep María Felip, al jefe de área Marc Llinares y a la jefa de servicio María Dolores Escandell. Además, están imputados el exsubsecretario de Solidaridad, Alexandre Català, y la ex secretaria general de Solidaridad, Tina Sanjuán. Todos han declarado ante la juez y, según se revela de algunas de sus declaraciones, han señalado a Rafael Blasco como «responsable político». Junto a estos imputados han declarado como testigos el jefe de gabinete del exconseller Blasco Xavi Llopis y 19 funcionarios y extrabajadores.
Marc Llinares a Tauroni: «Acuérdate de mí, estoy con el agua al cuello»
El exjefe de área de Cooperación Marc Llinares era, según la juez, la persona de máxima confianza del empresario encarcelado y cabecilla de la trama, César Augusto Tauroni. La magistrada acusa al funcionario de haber recibido «gratificaciones» de Tauroni. Según una conversación grabada entre ambos, Llinares se ampara al empresario cuando es cesado de su puesto en la conselleria. «Oye, mira a ver si te acuerdas de mí también, ¿sabes? Estoy con el agua al cuello», le dice el otrora dirigente de la Conselleria de Solidaridad.
Pero este no es el único indicio que tiene la instructora para acusar a Llinares de haber recibido «gratificaciones». Según explica en un auto, Llinares «recibe una llamada de una entidad bancaria sita en EEUU en la que le comunican haber recibido en una cuenta que parece ser tiene en dicho país cuatro transacciones por importe cada una de ellas de 5.000 dolares».
En el mismo auto, acusa al ex director de Cooperación Josep Maria Felip y a María Dolores Escandell, exjefa de servicio, de haber apartado del área de Cooperación a tres funcionarios que se negaron a firmar una ayuda.
