La nueva RTVV S. A., que surgirá de la fusión de la televisión y la radio públicas, tendrá una plantilla muy inferior -250 trabajadores menos- a la que heredó el PP del Consell socialista de Joan Lerma. Cuando se ejecute el ERE, cuyo plan técnico ha sido elaborado por el despacho Garrigues Abogados comenzará el proceso de reconversión de Canal 9, Ràdio 9 y el ente público, según lo previsto en la nueva ley. Dos de cada tres empleados serán despedidos. 1.200 trabajadores en total. Sólo quedarán unos 550.
La raquítica situación económica de una RTVV que afronta cada mes el pago de nóminas como un milagro ha llevado al Consell a ampliar la previsión inicial de despidos. Se prefiere asumir una vez un ERE con mayor coste económico y social y aligerar masa salarial doce veces al año, según fuentes del Consell. Nadie, ni siquiera los sindicatos, conoce en estos momentos los criterios con los que se elaborará la lista negra de quienes se verán afectados.
La propuesta inicial de Garrigues, que ganó el concurso para la gestión técnica del ERE con una oferta de 125.000 euros, se basa en una relación de puestos de trabajo que considera amortizables. Los nombres y apellidos los pondrán los gestores de RTVV. O, en no pocos casos, se dictarán desde el PP o Presidencia. «La información sobre los despidos no se podía dar antes del congreso regional del Partido Popular porque este asunto es para algunos una cuestión de partido», venía a subrayar la citada fuente.
El proyecto de ley del nuevo estatuto de Radiotelevisió Valenciana contempla la fusión de Ràdio 9 y Televisió Valenciana para constituir la sociedad RTVV S. A. Previamente es necesario alcanzar el «reequilibrio patrimonial», según se indica en la disposición transitoria primera de la nueva norma. Canal 9 adeuda a proveedores unos 135 millones, de los cuales una gran parte €en torno a 110€ será cubierta por el plan de pagos aprobado por el Gobierno a través de créditos del ICO.
De este modo, la Generalitat está abocada a acometer una ampliación de capital en Canal 9 de alrededor de unos 25 millones. El actual ente público RTVV, la tercera pata del grupo audiovisual, será directamente liquidado y aquellos de sus empleados que no sean despedidos se adscribirán a la plantilla de la sociedad resultante de la fusión. Los casi 1.100 millones de deuda acumulada serán obligatoriamente asumidos por la Generalitat.
Doble contabilidad por ley
En la citada norma se hace hincapié en la doble contabilidad que regirá en la nueva sociedad anónima pública. La necesaria «viabilidad económica» de la empresa «impone que las cuentas de Radiotelevisión Valenciana S.A. reflejen separadamente las actividades de servicio público del resto de actividades, a fin de garantizar el respeto a las condiciones de mercado», indica la ley.
La financiación pública alcanzará sólo a los informativos y a los contenidos considerados de servicio público, como las producciones en valenciano, que deberán copar al menos el 20% de la rejilla. La fórmula del contrato programa entre el Consell y RTVV servirá para establecer el marco de la contenidos, porcentajes de valenciano y objetivos. Ese convenio tendrá una vigencia de tres años. La ley permite ceder la gestión de franjas de programas a productoras privadas, mediante concurso. Los concesionarios explotarán publicitariamente esos horarios y deberán abonar un canon a la sociedad pública a cambio de la explotación.
