Algunas localidades valencianas gobernadas por el PSPV, como Mislata, Alcoi o Faura, tienen previsto comenzar a cobrar el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) a la Iglesia por los edificios no vinculados al culto. Se trata de un debate siempre latente en el PSOE, el de la exención en el pago de impuestos de la Iglesia, pero que ha tomado cuerpo en las últimas horas.

El PSOE, siguiendo una resolución del último congreso federal, ha impulsado una campaña en los ayuntamientos de toda España. La Iglesia, a raíz de los Acuerdos con la Santa Sede, no tributa por los edificios vinculados al culto. Es decir, que templos, dependencias y edificios anejos dedicados a la actividad pastoral o asistencia religiosa, casas y conventos de órdenes y congregaciones no pagan el IBI. Lo mismo ocurre con las confesiones judía, protestante y musulmana.

Sin embargo, argumenta el PSOE, por la fuerza de la costumbre esa exención se ha hecho extensiva a todo tipo de propiedades eclesiásticas: «pisos (del clero), garajes, lonjas... no vinculadas al culto».

Así que la semana pasada, la dirección federal socialista envió a sus agrupaciones municipales una moción para que propongan que cada ayuntamiento realice un censo de los bienes registrados a nombre de la Iglesia, actualizar el padrón de inmuebles y «poder así girar el IBI a todos aquellos cuyo destino no esté vinculado al culto». La medida se justifica por la «bajada de ingresos de los ayuntamientos» y para acabar con los «beneficios especiales» frente al «esfuerzo solidario exigido a lo ciudadanos».

En esta línea, Mislata, la localidad más grande de la provincia de Valencia controlada por el PSPV, tiene prácticamente concluido su inventario de propiedades religiosas, según explica el alcalde Fernández Bielsa. La intención es saber en qué situación fiscal se encuentran esas propiedades no dedicadas al culto €apenas hay dos o tres viviendas€ y a partir de ahí decidir cómo se actúa.

Más tiempo lleva sobre el asunto Faura, municipio de 3.500 habitantes del Camp de Morvedre. Hace meses el pleno aprobó elaborar ese registro para girar el IBI a las propiedades eclesiásticas no vinculadas al culto. Existen dos y no lo pagan. En los próximos días van a proceder. «Es una cuestión de justicia», señala el alcalde Toni Gaspar.

La dirección del PSPV apoya una iniciativa destinada a «separar cada vez más el poder terrenal del divino», apunta José Manuel Orengo, vicesecretario de Política Institucional. «Desde el municipalismo pedimos más. Cuando una ley contemple una exención, que sea el Estado el que cargue con ese impuesto», dice.

Con todo, el asunto promete controversia. Y es que plantear esta idea se antoja más cómodo para el PSOE desde la oposición que desde el Gobierno (Zapatero no lo hizo en siete años). Así, Quart, otro gran municipio de Valencia gobernado por el PSPV, no se plantea aplicar esta medida «de forma inmediata». Como Quart, son varios los ayuntamientos socialistas que eluden el conflicto con la Iglesia.

En Alicante, el PSPV de Benidorm dice que lo estudia, pero no va a llevarlo al pleno. En Alfàs del Pi tampoco se va a presentar. Los socialistas de Alcoi, por su parte, están dispuestos a hacer pagar a la Iglesia. Y en Vila-real el partido lo decidirá hoy. Desde la oposición, en Castelló y Valencia, PSPV y Compromís han llevado en las últimas semanas esta propuesta al pleno sin éxito después de que Zamora, del PP, fuese la primera en aplicarla.