El incremento de un 20 por ciento más de alumnos por aula a partir del curso próximo en todos los centros sostenidos con fondos públicos, como consecuencia de la aplicación del Real Decreto de ajustes en la enseñanza, ha provocado la reacción en cadena de todos los agentes que intervienen en la enseñanza, desde inspectores a directores o padres de alumnos y sindicatos docentes.

En la Conselleria de Educación afirmaron a Levante-EMV que todos los centros de Primaria y Secundaria construidos a partir del año 1992 tienen aulas de más de 50 metros cuadrados con lo que se cumple la normativa vigente. Al menos, unos 500 colegios e institutos ha levantado Ciegsa desde el año 2000.

Esta normativa en vigor —Real Decreto 132/2010, de 12 de febrero— establece los requisitos mínimos de los centros educativos. Para el segundo ciclo de Infantil marca un mínimo de dos metros cuadrados por puesto escolar mientras que en Primaria, Secundaria y Bachillerato debe haber metro y medio por estudiante.

No obstante, si en la ESO (Secundaria Obligatoria) meten, a partir de ahora, a 36 alumnos, se necesitarán aulas de 54 metros y en el caso de Bachillerato, que se puede llegar hasta los 43 estudiantes —siete más—, las aulas tendrían que medir 63 metros. Este incremento de la capacidad se hace sin modificar el tamaño del aula.

Incrementar ratios afectará «negativamente a la atención individualizada del alumno, muy especialmente a los que tienen mayores dificultades de aprendizaje o altas capacidades» y también repercutirá en la contratación del profesorado, advierten los directores de instituto integrados en Fedadi. Los responsables de los centros de Secundaria, en una reciente asamblea en Valencia alertaron de los problemas de seguridad que se derivan.

También los inspectores valencianos de Educación califican la medida de «economicista y de ideología trasnochada». Adide creen que volver a las escuela de 40 alumnos supone regresar a «la lección magistral y no a la atención a las diferencias individuales».

Mientras, la conselleria considera que este ajuste compensará la demanda y ampliará las posibilidades de elección del centro a las familias.

Sobre todo, se beneficiarán los colegios de privada concertada porque, al poder ampliar la capacidad de sus grupos, matricularán a más estudiantes. Se calcula que hasta 2.500 niños más en Valencia.

Los sindicatos docentes han rechazado de lleno este criterio, que ha provocado movilizaciones conjuntas. El STE-PV calcula que derivará en el recorte de centenares de unidades y el despido de miles de profesores. También CC OO ofrece una cifra de unos 1.500 grupos menos y FETE-UGT indica que este «recorte destrozará el actual sistema educativo». En similar línea se pronuncian ANPE y CISF.