Los cabecillas del entramado de funcionarios y ONG sabían que la policía les estaba siguiendo dos meses antes de las detenciones del 23 de febrero, según se desprende del sumario judicial y han confirmado fuentes del entorno de varios imputados que dejaron de usar el teléfono móvil en el mes de enero. Incluso, como ya publicó Levante-EMV, los hermanos Tauroni fueron avisados 24 horas antes de los arrestos por la secretaria del portavoz del PP en las Corts, Rafael Blasco.
Del sumario judicial se desprende que varios de los ahora imputados eran conocedores del seguimiento policial, aunque se desconoce desde donde se realizaron las filtraciones. Incluso la Brigada de Blanqueo de Capitales de la policía nacional se ve obligada a agilizar la operación del 23 de febrero porque de las conversaciones interceptadas se evidenciaba un riesgo «de que los investigados puedan hacer desaparecer documentación incriminatoria», según la propuesta de actuación presentada a la juez el 9 de febrero.
Según ha podido saber este periódico, varios de los imputados dejaron de utilizar el teléfono móvil en el mes de enero porque les habían avisado de que la policía había montado un operativo en Valencia sobre un caso vinculado con ONG. Fuentes cercanas a estas personas explicaron que para las conversaciones con los hermanos Tauroni empezaron a utilizar los teléfonos fijos, principalmente de la Conselleria de Solidaridad.
Otro de los indicios que hace sospechar a los investigadores que hubo filtraciones de la operación fue una misteriosa llamada de la secretaria de Rafael Blasco a Arturo Tauroni el día 22 de febrero, 24 horas antes de la operación policial. Fue una conversación de apenas 30 segundos en la que María Ángeles Rincón le decía a Arturo: «Una cosita simplemente, de lo que te di el otro día, lo que iba anotado, coméntale, por favor, que va a ser inminente y que se lo tome en serio». El pequeño de los Tauroni y también imputado en la causas responde con un escueto «vale, vale», y la secretaria se despide: «¿Vale? venga, un beso, hasta luego».
En su interrogatorio ante las juez y el fiscal, Rincón admitió que ese mensaje fue ordenado por Rafel Blasco, quien sólo le dijo que «lo transmitiese literalmente». La secretaria del portavoz del PP de los últimos 12 años aclaró que fue «al día siguiente cuando se procedió a practicar las detenciones», cuando relacionó «el contenido de dicha frase con lo que ocurrió ese día».
Lenguaje codificado
Pero estos indicios no son los únicos que hacen sospechar a los investigadores que la trama era consciente de la investigación. De las numerosas conversaciones interceptadas, sobre todo las intervenidas a Tauroni con Blasco como interlocutor revelan el uso de un lenguaje poco habitual. Frases como «tráeme un Coca-cola», «tradúceme al inglés estos correos electrónicos» o referirse constantemente a la personas y las cosas con determinantes «este» o «eso» denotan mucha cautela a la hora de hablar por el teléfono móvil.
El propio Blasco fue captado por este periódico hablando por cabinas de teléfono la semana anterior a que la juez del caso de Cooperación anunciara que ve «indicios de delito» en sus actuaciones al frente de la Conselleria de Solidaridad. El uso de estos teléfonos públicos es bastante inusual en personas que disponen de móvil sin límite de saldo facilitado por la Corts Valencianes, que viaja en coche oficial y que disponen de una secretaria personal para llevarle la agenda como portavoz del PP en la Cámara.
La juez pide documentos a Broseta Abogados
La juez que instruye la causa de Cooperación ha requerido al despacho de Broseta Abogados que remita al juzgado «información de los proyectos que fueron evaluados por su personal durante los años 2008, 2009, 2010 y 2011 en relación a las convocatorias de subvenciones publicadas por la antigua Conselleria de Solidaridad, así como identificación de técnicos o trabajadores de dicha entidad que intervinieron en las evaluaciones y forma en la que se hacía llegar los proyectos a esa empresa». La conocida firma formó una Unión Temporal de Empresas (UTE) con Caaz y realizaron las evaluaciones en las que se basó Solidaridad para aprobar las subvenciones. El administrador de Caaz, Luis Castel Aznar, está imputado en la causa. Castel Aznar es un conocido de Blasco en su paso por la Conselleria de Territorio del que recibió varias adjudicaciones. Cuando liquidó Caaz en 2010, creó la firma Expande que consiguió que la Conselleria de Solidaridad le volviera a contratar para realizar las evaluaciones en 2011. s.pitarch valencia
