17 de junio de 2012
17.06.2012

El desacuerdo entre Estado y Consell duplica el coste del control de vertidos

Los consistorios tienen que pagar a la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) y a la entidad metropolitana de saneamiento por los mismos informes sobre la calidad del agua depurada

17.06.2012 | 02:00
Obras en la red de saneamiento de un municipio.

Las competencias cruzadas entre la Generalitat, los ayuntamientos y el Estado, a través de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), están provocando que muchos municipios se vean obligados a pagar dos veces importantes partidas económicas para el control de calidad de los caudales depurados.
Las analíticas que los ayuntamientos pagan en parte y realizan para la Generalitat -Entidad de Saneamiento- no le sirven al Estado -la CHJ-, que exige otros parámetros y dispone de su propio registro de empresas certificadas por este organismo, lo que obliga a contratar y pagar dos veces los informes sobre la calidad del agua depurada para cada uno de estos organismos.
"Parece como si no se pudieran fiar unas de otras", aseguraba el secretario de un pequeño ayuntamiento.
Numerosos consistorios han denunciado esta situación a la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP), que estaría preparando un informe exigiendo un cambio normativo y en su caso recurriendo las liquidaciones que ya están en marcha.
No obstante, y más allá de lo que parece una duplicidad en el gasto derivada de una doble imposición, muchos ayuntamientos plantean la oportunidad de "reordenar" las competencias sobre saneamiento de aguas para evitar este y otros conflictos que puedan producirse en el futuro.
En la actualidad, los consistorios son competentes sobre la red de alcantarillado que lleva los vertidos hasta la depuradora. Su mantenimiento se financia con la tasa de alcantarillado que cobra el municipio, responsable a su vez de que se cumplan las ordenanzas de vertido y de que el agua que llega al final del tubo y antes de entrar en la depuradora cumpla unos determinados parámetros.
Una vez el agua sucia entra en la depuradora, la competencia pasa a ser de la Entidad de Saneamiento, una entidad de derecho público de la Generalitat Valenciana que gestiona indirectamente la depuradora -generalmente saca a concurso su explotación- y financia los costes de depuración a través del canon de saneamiento.
Sin embargo, una vez que el agua, ya depurada, vuelve a salir del recinto de la estación de aguas residuales y se vierte en un cauce público, la competencia vuelve a ser municipal, bajo la atenta vigilancia de la Confederación Hidrográfica del Júcar, responsable de cobrar otro canon: el de vertido. Además, la CHJ exige a los ayuntamientos que hagan (y paguen) autocontroles del vertido que llega al cauce, pese a que el explotador de cada depuradora realiza también autocontroles por encargo de la Entidad de Saneamiento.
Una opción que plantean los representantes de los pequeños municipios afectados por la doble imposición es que la Entidad Pública de Saneamiento asuma la competencia íntegra del agua desde su entrada a la depuradora hasta el vertido final en el cauce público y establezca los mecanismos de control que estime necesarios consensuándolos con la Confederación del Júcar.

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