El único compareciente en la comisión de investigación de Emarsa en las Corts que podía aportar información relevante sobre el dinero que ingresó la saqueada Emarsa no acudirá a ser interrogado por los diputados. José Juan Morenilla, el exgerente de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales (Epsar), la entidad dependiente del Consell que financió con más de 100 millones de euros la depuradora de Pinedo, anunció ayer por escrito que no acudirá esta tarde a la Cámara porque ha sido imputado en el caso y cualquier declaración podría perjudicarle.
Pese a la argumentación dada y en caso de que definitivamente no comparezca y se le abra un proceso, Morenilla podría incurrir en un delito de desobediencia, tipificado en el artículo 410 del Código Penal, según una resolución 4/IV de mayo de 1996 de las Corts. Las penas que contempla la ley supondrían de 3 a 12 meses de multa y la inhabilitación para cargo público por tiempo de seis meses a dos años.
Morenilla fue imputado en el caso Emarsa la pasada semana y la fiscal solicita para él una fianza de 13,7 millones de euros. "En tanto en cuanto no se solvente mi relación con dichos hechos, considero más oportuno y prudente mantenerme ajeno a cualquier comparecencia de esta índole", señaló Morenilla en su escrito.
El exgerente de la Epsar, quien destaca su "máximo respeto" a la cámara valenciana, señala que su ausencia en la comisión de investigación de Emarsa "no debe ser entendida como un acto de desobediencia hacia la misma", sino que está motivada "únicamente por el cambio sufrido" en su "status personal".
No obstante, aseguró: "llegado el caso de verme librado de las obligaciones antes referidas, no tendré inconveniente alguno en comparecer ". Una persona que es citada a una comisión de investigación en las Corts está obligada a acudir o incurriría en un delito de desobediencia. Eso sí, el compareciente no no tiene la obligación a declarar.
El caso de Morenilla no es el mismo que el de los funcionarios del Banco de España que se han negado a comparecer a la comisón de la CAM. Estos cargos invocan un dictamen del Consejo de Estado que señala que en el caso de las comisiones autonómicas la obligación solo rige para asuntos competencias de las CCAA.
La portavoz del PSPV en la comisón, Carmen Martínez, tachó la decisión de Morenilla de "estafa" y culpó al PP de "impedir" la investigación.
