27 de junio de 2012
27.06.2012

El fiscal acusa al exalcalde de vulnerar las reglas éticas en el contrato de basuras

El despacho de abogados al que Hernández encargó el informe jurídico estaba vinculado a la adjudicataria

27.06.2012 | 03:46

El contrato de las basuras de Torrevieja de 2004, por 9.780.000 euros, se concedió presuntamente basándose irregularmente en un informe encargado por el exalcalde Pedro Ángel Hernández Mateo a un despacho vinculado a la empresa que resultó beneficiada. Esta es una de las conclusiones de la fiscalía del TSJCV en el escrito de calificación que, junto a de la acción popular (Los Verdes), ha servido para que se abra juicio oral.
Al político del PP se le imputan los presuntos delitos de falsedad de documento público, por el que el fiscal pide tres años de cárcel, 20 meses de multa a 50 euros diarios e inhabilitación por 5 años para cargo público, y de prevaricación, por el que se demandan ocho años de inhabilitación. Según la calificación, a la que ha tenido acceso, Hernández Mateo actuó "conocedor" de omisiones en el proceso legal administrativo para la adjudicación del contrato y pese "la inexistencia de las consultas preceptivas", y lo hizo "incumpliendo de este modo las reglas éticas de la neutralidad y transparencia en la gestión en el cargo de alcalde". La fiscalía cree que, a excepción de Hernández Mateo, el resto de integrantes de la mesa de contratación eran ajenos a las presuntas irregularidades En el escrito también hace constar que la empresa beneficiada, la unión temporal (UTE) formada por Necso Entrecanales y Cubiertas SA y Grupo Generala de Servicios Integrales, Proyectos Medioambientales, Construcciones y Obras SL, no tuvo "ninguna intervención en las supuestas irregularidades". Los hechos se remontan a principios de 2004 cuando se reunió la mesa de Contratación presidida por Hernández Mateo y se dio cuenta de cinco informes. Cuatro apostaban por dejar desierto el concurso y sólo uno, el del aparejador, era partidario de Necso-La Generala. El entonces alcalde informó de que era partidario de dar el contrato a Necso-La Generala pero anuncio que "solicitar informes económicos y jurídicos". Según el fiscal sólo se contactó con Ariño y Asociados, Abogados SL, que lleva la defensa de la adjudicataria.

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