El Consell considera "normales" los reparos de la Abogacía al nuevo modelo de Sanidad

La Conselleria de Vicepresidencia que dirige José Císcar consideró ayer "normal" que la Abogacía de la Generalitat y la Intervención hayan paralizado el borrador del documento del nuevo modelo de colaboración público-privada de gestión sanitaria elaborado por la Conselleria de Sanidad.

Algunas de las objeciones que han plantean los técnicos apuntan a la indefinición de la propia materia del contrato y a las concesiones del 85 % de los servicios de logística que, en estos momentos están adjudicados a empresas privadas que, a su vez, serán subcontratadas por la operadora. La Abogacía y la Intervención consideran muy relevante la falta de control que la Administración ejercerá sobre la gestión que las operadoras hagan de los fondos públicos.

Otro de los contenidos que ha alertado a los técnicos de la Intervención es el pago de un canon de 360 millones en el primer año y otros 210 millones en el segundo y en el tercero que tendrán que depositar las empresas operadoras que sean adjudicatarias de un contrato que tendrá una validez de quince años.

Un portavoz de la Conselleria de Vicepresidencia declaró que "lo lógico" es que la Abogacía y la Intervención pongan pegas al borrador y que ahora hay que "buscar el encaje jurídico, para ver cómo va a quedar el personal".

"Era imposible que la Abogacía no lo paralizara porque es un documento muy complejo y novedoso, pero esas objeciones no significan tumbar el documento, sino que hay que cambiar algunos aspectos", indicaron fuentes de Vicepresidencia.

El borrador con el cúmulo de objeciones volverá a la Conselleria de Sanidad donde habrá que "retocarlo" para que regrese de nuevo a la Abogacía y a la Intervención. Cuando estos dos órganos den el visto bueno el documento será publicado en el Diario de la Unión Europea y a partir de ahí se sentarán las bases para iniciar el diálogo competitivo con las empresas interesadas, que según indicó el conseller de Sanidad, Luis Rosado, son "todas" con las que la conselleria mantiene contratos. "Las empresas obtendrán los beneficios a largo plazo y nosotros nos aseguramos que no tendremos déficit en quince años ", declaró Rosado.