El juez que instruye la rama del caso Brugal sobre supuestas ilegalidades en el Plan General de Ordenación Urbana de Alicante ha enviado la causa al Tribunal Superior de Justicia valenciano y ha pedido la imputación de la alcaldesa, Sonia Castedo, y su antecesor, Luis Díaz Alperi, ambos diputados.
Según informa el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, el juez ve en los diputados autonómicos Castedo y Alperi indicios de los supuestos delitos de revelación de información privilegiada, tráfico de influencias y cohecho.
En esta pieza separada del caso Brugal se investigaban supuestos amaños en el Plan General de Alicante a favor del constructor y promotor Enrique Ortiz, que es uno de los imputados.
Además, el juez instructor, Manrique Tejada, titular del Juzgado de Instrucción 5 de Alicante, desgrana en su exposición razonada las diligencias previas seguidas contra otras 15 personas más, entre las que figuran el arquitecto del proyecto de revisión del PGOU, Jesús Quesada; el abogado y hermano de la alcaldesa, José Luis Castedo, varios empresarios y dos ex directores generales adjuntos de Bancaja.
Sobre este grupo de personas, el juez ve indicios de delito relacionados con el aprovechamiento de información privilegiada facilitada por autoridad o funcionario, cohecho, tráfico de influencias, asesoramiento ilegal o revelación de información privilegiada por funcionario.
Aunque el juez entiende que la actual fase de la instrucción "no permite la concreción del tipo de cohecho", apunta que, en función de los indicios, este delito puede darse como consecuencia de "la percepción y/o solicitud de dádivas" por parte de Castedo y Alperi al facilitar "información que no debía ser pública del PGOU".
"Incluso procedieron a modificar el mismo en atención a los deseos manifestados por un particular -Enrique Ortiz-, prescindiendo de los intereses generales y atendiendo exclusivamente al interés privado", añade en su razonamiento el juez instructor.
En este sentido, recuerda que el Tribunal Supremo, en materia de contratación pública, sostiene "que no se trata de identificar la injusticia del acto con la propia percepción de la dádiva, sino de constatar el hecho de que la adjudicación de una obra pública precondicionada por un acuerdo previo adoptado en función de una dádiva" constituye "un acto intrínsecamente injusto".
En referencia a Enrique Ortiz, el juez refleja presuntos delitos de aprovechamiento de información privilegiada facilitada por autoridad o funcionario, tráfico de influencias y cohecho.
Por lo que respecta al delito de tráfico de influencias que se le imputa a este empresario, el juez apunta "indicios acreditativos de la especial relación" que Ortiz mantiene con Castedo y Díaz Alperi.
De hecho, ha incluido en el escrito la transcripción de una conversación telefónica intervenida por los efectivos policiales en mayo de 2008 en la que la entonces edil de Urbanismo y hoy alcaldesa le dice a Ortiz: "Te hemos apañado también lo de...lo que hay entre el APA 9 y Lomas de Garbinet"... "y tenemos apañado también lo del Rico Pérez", en referencia a zonas e iniciativas urbanísticas.
La citada conversación se produjo once días antes de que el arquitecto director de la revisión del PGOU entregara en la Gerencia de Urbanismo este trabajo para su exposición al público.
