El juez del caso "Emarsa" ha dictado una providencia por la que se incorporan a las diligencias previas diversas pruebas entre las que destacan las dirigidas a seguir el rastro del dinero supuestamente desviado a través de tarjetas de crédito.
El juez que investiga la corrupción y el presunto desvío de dinero público en la depuradora de aguas residuales de Valencia cree que una parte del dinero salió mediante cobros en efectivo realizados en cajeros automáticos.
El rastreo de una de estas tarjetas ha permitido desvelar que en 32 de 34 operaciones identificadas se utilizó el cajero de una sucursal de Bancaixa en Alaquàs donde tenían numerosas cuentas y depósitos los imputados Vicente Ros, José Luis Sena y Vicenta J. Fortuny, así como la empresa Notec, propiedad de los anteriores, y a través de la que gestionaron los lodos de la depuradora.
El juez ha acordado pedir a todas las entidades bancarias emisoras de las tarjetas identificadas en la investigación que precisen el número de autorización de cada operación de salida de fondos "al objeto de determinar los cajeros donde se efectuaron los reintegros".
El magistrado ha incorporado a la causa los justificantes del destino dado al dinero obtenido por el principal imputado, Esteban Cuesta, por la venta de una vivienda en Valencia (140.000 euros), así como diversas facturas cruzadas entre las empresas vinculadas a la trama.
Mientras, el portavoz del grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Valencia, Joan Calabuig, anunció ayer que interpelará a la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, en el próximo pleno municipal para "aclarar las responsabilidades políticas" de la primera edil y de su equipo gobierno en los casos Emarsa y Nóos.
