La conselleria de Educación publicó el pasado viernes por la noche la lista provisional de comisiones de servicio aprobadas para el curso 2012/13 a los profesores que imparten clases en los centros públicos de educación de la Comunitat Valenciana.
Un total de 2.614 docentes contarán con un «permiso» anual para dar clases en un centro diferente al que pertenece su plaza. El dato confirma un descenso del 40% en cuatro años, ya que durante el ejercicio académico 2009/10 se admitieron 4.164 peticiones de traslados.
Envuelta en polémica durante los últimos años —grupos de profesores protagonizaron agitadas protestas en 2010 en las sedes de Educación por el recorte en las adjudicaciones—, la gestión «discrecional» de los traslados siempre se ha visto salpicada de suspicacias. Muchos son los docentes que apuntan que la conselleria utiliza el sistema para premiar a sus afines —las impresiones del sector hablan de un 20 % de enchufados— y para castigar a los profesores más activos durante las movilizaciones. En un año marcado por las protestas antes los recortes, muchos son los profesionales que pueden integrar las temidas «listas negras» del Consell.
Un concurso poco transparente
En teoría, las comisiones de servicio se aprueban por causas como la prevención de riesgos, la salud laboral o la conciliación de la vida familiar y profesional. La práctica, sin embargo, es muy diferente. Así lo explicó ayer Francisco Javier González Zurita —responsable de Relaciones Institucionales de FETE-UGT—, que comentó que « muchas plazas sí responden a alguno de estos motivos, pero hay cosas que —al menos— mosquean. Si fuera un concurso transparente, la situación sería totalmente diferente». De hecho, Zurita resaltó las claras conexiones entre las comisiones y el contrato programa: «es la novedad de este año, todo apunta a que los centros que sí se han integrado y los profesores que entran en los criterios sí disponen de cambio de plaza en muchos casos».
En términos parecidos se movió Marc Candela (STE-PV), que declaró que «a menos plazas de profesores, lo normal es que hayan menos peticiones. Si convocaran un concurso de traslados transparente, todo se solucionaría».
Educación da un plazo de dos días para alegaciones, coincidiendo en fin de semana y lunes —domingo no computa—. Los sindicatos calculan que habían más de 6.000 peticiones. Auguran una avalancha de reclamaciones, que serán ignoradas por la conselleria.
