24 de julio de 2012
24.07.2012

Las universidades podrían suspender los incentivos a profesores prejubilados

Educación y rectores analizan la incompatibilidad del beneficio docente con el decreto de ajustes

24.07.2012 | 02:00

Las prejubilaciones incentivadas a su profesorado a partir de los 60 años que las universidades públicas permitieron durante varios cursos les está ocasionando un problema en esta época de ajustes económicos. La medida podría ser incompatible con el Real decreto del pasado 13 de julio del Gobierno de España para "garantizar la estabilidad presupuestaria" de tal forma que se estudia la supresión cautelar de los incentivos cobrados hasta ahora.
Los rectores de las universidades públicas de la Comunitat Valenciana tuvieron ayer una reunión privada con la consellera de Educación, María José Català, para analizar la situación generada por este real decreto y ver qué se puede hacer puesto que estos profesores llevan ya varios años prejubilados y cobrando a pensión completa.
En un buen clima de diálogo, una de las propuestas que se llevarán a cabo es que solicitar a la Sindicatura de Cuentas un informe sobre las posibilidades que existen para no quebrantar la ley.
La posible supresión cautelar de los incentivos podría empezar a aplicarse a partir de agosto, pero no hay nada aun decidido.
En 33 universidades públicas españolas, entre ellas las valencianas, se acordó que el profesorado con 60 años cumplido y más de 35 de servicios en la institución académica pudieran prejubilarse con el total de su sueldo. Más de 100 millones de euros desde el año 2007 y unos 1.446 docentes beneficiados. Desde hace dos años en la mayoría de las universidades se suspendió esta práctica y dejaron de concederse mas prejubilaciones incentivadas pero los que ya las tenían las han mantenido.
Mientras, el resto de las personas sujetas al regimen general de la Seguridad Social pierden un 8 por ciento de su sueldo por cada año de jubilación anticipada.
Para la Sindicatura de Cuentas estas prejubilaciones son de"dudoso encaje legal", al entender que no existe "una norma legal con el rango suficiente que dé cobertura a los procesos de jubilaciones voluntarias con incentivo".
Se pusieron en marcha al hilo del Plan de Bolonia para permitir que profesores jóvenes accedieran a la universidades y los más mayores, muchos de ellos catedráticos, fueran dejando espacio.
Por su parte, el Tribunal de Cuentas considera "desproporcionada" la financiación de los planes de jubilación anticipada y voluntaria del personal docente, que cifra entre los 200.000 y 300.000 euros. "Lo primero que llama la atención es la ausencia de una norma legal con el rango suficiente que dé cobertura a los procesos de jubilaciones voluntarias con incentivo" indica.

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