02 de agosto de 2012
02.08.2012

Los cursos de idiomas de las universidades públicas y privadas pasarán a ser oficiales

El Consell homologará los títulos de centros no oficiales para agilizar el reciclaje en inglés del profesorado El viernes se aprobará el decreto de plurilingüismo

02.08.2012 | 02:59

El presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, avanzó ayer tras una visita al Centro de Idiomas de la Universitat de València que la Generalitat aprobará en septiembre un decreto de acreditación de titulaciones de idiomas que permitirá reconocer como oficiales los cursos de lenguas extranjeras que imparten las universidades públicas y privadas valencianas.
La medida, que también beneficiará a centros privados e instituciones extranjeras reconocidas que aún no han trascendido, se enmarca dentro de la implantación del modelo de enseñanza plurilingüe que el Consell comenzará a aplicar el próximo curso en Infantil. Así, irá avanzando en las distintas etapas de escolarización hasta el curso 2020-21, fecha en la que en todos los niveles se impartirá como mínimo una materia no lingüística en una lengua extranjera.
En este sentido, Fabra, anunció que en el pleno del Gobierno valenciano de mañana viernes se aprobará el decreto sobre plurilingüismo. El objetivo de esta reforma educativa, añadió Fabra, es que "cuando un alumno complete la enseñanza obligatoria tengan el conocimiento tres lenguas: castellano, valenciano e inglés".
Para ello, el presidente de la Generalitat, se marca la meta de "incrementar el número de profesores con conocimiento de idiomas, especialmente el inglés, en 3.000 docentes cada curso".
Consciente de que la red pública de Escuelas Oficiales de Idiomas (EOI) de la Comunitat Valenciana no tiene capacidad para reciclar en idiomas a 12.000 docentes en cuatro años, Fabra apuesta por "buscar colaboraciones de centros privados para formar profesores y también alumnos". Así, argumenta, "después del verano aprobaremos el decreto de acreditación de titulaciones para que los centros privados puedan ayudarnos a poder conseguir esas titulaciones y el reconocimiento para el aprendizaje de idiomas". Este decreto habilitará a todas las universidades públicas y privadas de la Comunitat para ofertar, a partir de septiembre, cursos oficiales de idiomas reconocidos por la Generalitat, que acrediten competencias de un nivel B1 y B2 en lenguas extranjeras, según el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas.
Además, desde la Conselleria de Educación se anuncia "un plan de formación intenso del profesorado, que se va a concretar en un incremento de 11.000 plazas en las EOI, incidiendo expresamente en la competencia comunicativa, y abriendo nuevas modalidades formativas como la semipresencial". Por otro lado, los docentes que ya tengan títulos de idiomas de universidades valencianas podrán convalidarlos por el nivel B1 o el B2 según sus competencias.

COMPLEMENTO DE PROFESORES
El rector de la Universitat de València (UV), Esteban Morcillo, justificó ayer que se haya continuado pagando el complemento durante agosto a los 164 profesores y personal administrativo de la UV que entre 2007 y 2009 se acogieron al polémico programa de bajas incentivadas, al ser este mes "inhábil" en esta institución.
Este sistema de prejubilaciones incentivadas que han aplicado 33 universidades españolas posibilita dejar de trabajar con la paga íntegra al cumplir los 60 años. Estas prejubilaciones, consideradas por el Tribunal de Cuentas como de "dudoso encaje legal", entran en colisión con el Real Decreto Ley 20/2012 aprobado por el Gobierno el 13 de julio por el que se suprime la extra de Navidad a los funcionarios.
Morcillo matiza que los rectores están "esperando una nota interpretativa del Ministerio de Hacienda de cómo debemos las universidades aplicar el Real Decreto". "Al ser agosto un mes inhábil administrativamente en la Universitat, cabía la posibilidad de mantener provisionalmente ese pago y esperar a septiembre para tomar una decisión definitiva", añade. El rector considera que hasta que el Gobierno no aclare las dudas respecto a dicha normativa no se debe actuar: "Necesitamos una base jurídica muy sólida tanto para continuar pagando o como para interrumpir el pago".
Morcillo destaca "que hay que pensar en las personas que se acogieron de buena fe a estos programas, y que ahora van a verse seriamente perjudicada". "Los rectores nos debemos a nuestras comunidades educativas y ese es nuestro principal motivo de preocupación y de defensa", concluye.

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