"El Gobierno debería tipificar como delito el despilfarro de las cuentas públicas"

No se plantean las fusiones. Solo se estudia reforzar las Diputaciones y la desaparición de las Entidades Locales Menores. El proyecto real no lo conocemos. El proyecto pasó por el Consejo de Ministros, pero ahora ha quedado en suspenso.

Algunos ayuntamientos sí que están llegando a acuerdos para contratar servicios de forma conjunta.

Sí, se está mancomunando la contratación del mantenimiento de alumbrados y de las policías locales.

¿Es una buena fórmula?

A mí sí me parece una buena fórmula que los propios ayuntamientos se coordinen. Nosotros no vemos bien que las diputaciones asuman servicios de ayuntamientos pequeños porque los responsables políticos de las corporaciones provinciales no son elegidos directamente. Una vez se constituyen los ayuntamientos, se toman los votos de todos los partidos que han obtenido representación. Entre ellos se reparten los escaños según la ley D’Hont. ¿Con qué criterios se eligen los diputados? Los elige el partido con sus criterios. Constituye una reminiscencia de un sistema caciquil donde con frecuencia los criterios de eficiencia se supeditan a los intereses partidistas.

Me llama la atención lo de la reminiscencia del sistema caciquil. ¿Es muy evidente?

A nuestro modo de ver las decisiones no siempre se adoptan utilizando argumentos de eficacia o de buena gestión sino políticos.

¿Por ejemplo?

El reparto de subvenciones. Realmente no hay criterios establecidos. Se reparten a quien se quieren repartir.

Daba la sensación de que íbamos a la eliminación de las diputaciones para acabar con la cuádruple administración y ahora parece que van a ganar más peso.

Así es. Por eso no entendemos esta dinámica. Yo creo que los propios representantes de los municipios tampoco lo ven claro y es uno de los motivos por los que se ha paralizado el proyecto de racionalización de la administración local. Para nosotros es un error quitarle peso a los ayuntamientos pequeños. Nos sorprende que se esté demonizando el funcionamiento de los pequeños ayuntamientos y que no se diga nada del de los grandes. Desde el año 2003, con la aprobación de la ley de modernización de la administración local, de alguna manera se permite a los grandes ayuntamientos y corporaciones como las diputaciones crear un aparato de directores generales y que formen parte de la junta de gobierno personal no electo.

¿Sería viable que en vez de Diputaciones hubiera una conselleria con delegaciones provinciales?

Sería necesario un cambio en la Constitución Española. Posiblemente no habría que suprimirlas, sino adaptarlas a las necesidades reales. Es lógico que presten servicios a los pequeños ayuntamientos. No planteamos esa solución.

También han denunciado que algunos ayuntamientos pequeños están endeudados por obras que iban a financiar el Estado o la Generalitat y ellos han avanzado el dinero.

La Federación Española de Municipios y Provincias lo destacó el lunes. En la Comunitat Valenciana es sangrante por el plan Confianza. Todos los ayuntamientos que se acogieron han realizado obras y han tenido que pagar a los proveedores sin que la Generalitat les haya dado el dinero. Han perdido liquidez y han tenido que acogerse al plan de pago a proveedores endeudándose. Es el mundo al revés. Los municipios han tenido que endeudarse para financiar a la comunidad autónoma.

Ustedes han denunciado que en muchas ocasiones la labor de fiscalización que hacen de las cuentas no tiene efecto ¿Qué debe cambiar?

Uno de los objetivos del proyecto de sostenibilidad es el incremento del control. El texto que hemos podido ver recupera el carácter nacional de los interventores y los secretarios con el objetivo de aumentar el control. Yo digo que en caso de los interventores y los secretarios no es imparcialidad lo que falta, sino independencia y que los controles sirvan para algo dada la situación actual de impunidad de los gestores. El Consejo de Ministros aprobó el proyecto de ley de transparencia. El texto incluye una respuesta penal por el falseamiento de la contabilidad pública. Esto es importante. La figura delictiva que se ha introducido protege la autenticidad de la documentación contable de los Ayuntamientos para evitar que con su falseamiento se pueda ocasionar un perjuicio económico. La ley castigará con penas de prisión a quien oculte o dé datos falsos, pero no a quien malgaste. Deberían haber tipificado como delito el despilfarro.

¿Creen que los alcaldes que gestionen mal o despilfarren deberían ir a la cárcel?

Tienen que asumir responsabilidades.

Sí, pero las responsabilidades penales al final acaban con penas de prisión.

Pues tendrá que graduarse. No-sotros pedimos que se establezca la infracción para los incumplidores y que haya una exigencia de responsabilidad a los políticos. Lo más grave es gastarse lo que no se tiene.

¿Cómo han evolucionado las cuentas de los ayuntamientos en el último año?

Han empeorado de una manera dramática.

¿Qué medidas se deberían tomar de forma ugente?

Debería haber un ajuste en los gastos de personal de confianza. Hay que limitar el número de asesores ya que es un fraude de ley. Se está contratando a personas que no reúnen los requisitos mínimos para asesorar. Todos los políticos están utilizando esa figura de una manera indebida.

¿Cuál es el caso más escandaloso de salarios desproporcionados?

No voy a poner nombres. Hay ayuntamientos de poblaciones de 30.000 habitantes que destinan a los concejales y sus asesores un millón doscientos mil euros. Gran parte de la solución pasaría porque los políticos se rebajaran el salario. No hay justificación para que todo los concejales cobren. La opinión pública no va a entender que se estén realizando recortes sociales y subiendo tasas, y a la vez no se produzcan recortes drásticos en los costes de los órganos de gobierno.

Ustedes son un órgano de control esencial. ¿Qué necesitan para mantener su independencia?

Los municipios se oponen a que seamos habilitados de carácter nacional. El Estado se tiene que reservar estas competencias. Además, el régimen disciplinario no puede quedar en manos de la propia administración a la que se fiscaliza. Debería depender del Estado porque la comunidad autónoma queda muy cerca del ayuntamiento. Otro problema es que nos paga el propio ayuntamiento y la garantía de independencia puede verse comprometida porque el trato es muy cercano.