Apenas han pasado unas semanas desde que los planes ICO impulsados por el Gobierno para comunidades y ayuntamientos permitieron a las empresas cobrar las facturas atrasadas y acumuladas durante años. Sin embargo, después de aquel «rescate», los autónomos valencianos están otra vez con el agua al cuello por la deuda pública.

Las administraciones públicas valencianas ya deben a los pequeños empresarios 677 millones, según un estudio publicado esta semana por la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos-ATA. Es la cantidad impagada solo en los primeros seis meses de 2012 por Consell, diputaciones, empresas públicas y ayuntamientos; y también se incluyen las facturas que se quedaron fuera del Plan de Pago a Proveedores. «La bola puede volver a crecer demasiado», advierten desde ATA.

Al volumen adeudado se suma otra variable que agrava la situación: la demora en el pago de estas facturas. Actualmente, la administración valenciana acumula la mayor tasa, con 170 días de retraso, cuando la media estatal se sitúa en 161 días. El retraso de la Comunitat Valenciana casi cuadruplica los 45 días en que, según la ley de morosidad, deben abonarse las facturas. El 23,6 % de los pequeños empresarios tarda en cobrar más de un año y sólo el 11,8 % cobra antes de 90 días de las Administraciones Públicas, según una encuesta de la propia asociación.

La situación de los trabajadores por cuenta propia valencianos, dentro de la gravedad generalizada, es especialmente compleja. Las cuentas de ATA dicen que el sector público de toda España adeuda a los autonómos 4.873 millones. De ellos, el 13,9 % corresponde a la Comunitat Valenciana. Sólo en dos autonomías (ambas de mayor volumen económico) la situación es peor: Cataluña, que adeuda 809 millones, y Andalucía, con 692 millones. En el lado contrario, La Rioja (29 millones) y Navarra (44), son las que tienen las cuentas más al día con estos empresarios.

La crisis expulsa a casi 40.000

En cuanto a la situación de cada provincia, el mayor peso de Valencia hace que acumule más de la mitad de la deuda: 347,3 millones. Tras Valencia, Alicante, con 235,6 millones (34,8 % del total), y finalmente Castelló, con 94,1 millones (14 %).

Lo cierto es que los impagos de la administración pública, unidos a la recesión de la economía, están detrás de la dramática situación que padecen estos empresarios, que son la base del tejido empresarial. Unos impagos crónicos que mantienen en el aire a sectores enteros, como el de las farmacias. La crisis ha expulsado del mercado laboral a casi 40.000 autónomos de la Comunitat Valenciana. El Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) ha pasado de los más de 360.000 afiliados a mediados de 2007 a los actuales 322.755, según los últimos datos de Empleo.

En cuanto a su perfil actual, el sector servicios, más ahora si cabe, agrupa a la mayoría (77, 6 %) mientras que el resto ha retrocedido respecto a antes de la crisis: construcción (-5,7 %), agricultura (-1,2 %) e industria (1 %).

Ahogados por el IVA

Y el futuro no pinta mucho mejor. Las asociaciones de autónomos advierten del estrangulamiento que se derivará de la inminente subida del IVA (del 18 % al 21 % en el tipo normal y del 8 % al 10 % en el reducido), efectiva en la liquidación del tercer trimestre. Además, pese a la promesa electoral de Mariano Rajoy acerca de que las empresas no abonarían el IVA de las facturas hasta que no las cobrasen, los autónomos siguen afrontando este pago. Según los cálculos de ATA, en lo que va de año, los autónomos de toda España ya han adelantado 390 millones en concepto de IVA facturado pero no cobrado.

«Los nuevos ajustes son una sentencia de muerte para el empleo»

El diputado de Compromís, Joan Baldoví, opinó ayer que el plan de Rajoy para ahorrar 102.000 millones hasta 2014 «una sentencia de muerte para la creación de empleo y el crecimiento económico». El diputado de Sueca lamenta que el Ejecutivo vaya a tomar «más medidas en la dirección contraria a la que necesita nuestra economía para revertir esta situación de crisis», y subraya la necesidad de políticas de estímulo económico que ayuden a crear puestos de trabajo y, así, «paliar la gravísima situación que supone tener más de 5 millones de parados». A su juicio, ante la caída de ingresos de la administración habría que establecer una fiscalidad «más justa, que realmente hiciera pagar más a los que más tienen, así como combatir de manera eficaz el fraude fiscal». No obstante, apunta que «parece que desde el PP prefieren ahogar a quien no tiene ninguna responsabilidad en esta crisis para seguir ofreciendo privilegios a los más ricos». Teniendo en cuenta la situación de Valencia, Compromís teme que los nuevos ajustes se centren en sanidad y educación, dos áreas que «viven sus horas más bajas».