Las sustanciosas grabaciones que realizó la Unidad de Delitos Económicos de la policía nacional a los imputados por el fraude de las ONG van a ser uno de los caballos de batalla en el proceso judicial entre los acusados y la jueza. De hecho, como ya ha pasado en otros escándalos de corrupción, suelen ser una de las pruebas más difíciles de sostener por los investigadores y pueden llevar al traste las pesquisas.
El exsecretario de la Fundación Entre Pueblos, posteriormente Hemisferio, José Bollaín, solicitó a la instructora la anulación de algunas de estas escuchas "por atentar contra el derecho a la intimidad". La magistrada se ha negado a la petición y ha criticado al imputado por la falta de concreción de su petición. No será la única vez que se solicite la anulación de la grabaciones.
Por su parte, la juez amplió el pasado 27 de julio el secreto parcial de las actuaciones en las que investiga el delito de blanqueo de capitales. La magistrada argumenta que necesita las máximas garantías para investigar. Y es que todavía hay una imputada que no ha sido localizada, la empresaria Julia Valdés, con quien Augusto Tauroni montó empresas en Miami para desviar dinero de ONG.
La diputada de Compromís en las Corts Mireia Mollà reclamó el cese del síndic del PP en el parlamento valenciano, Rafael Blasco, tras conocer que hasta Generalitat haya pedido al TSJ su imputación en la causa de las ONG. Mollà criticó que Blasco no realice funciones de portavoz pero "sigue cobrando el sueldo de síndic y disponiendo de coche oficial".
El portavoz adjunto de EUPV en las Corts, Ignacio Blanco, señaló que la situación de Blasco "es insostenible". "Ahora empezamos a entender por qué el informe interno de la Conselleria que revisaba los expedientes sospechosos está guardado bajo siete claves", dijo.
