El juicio por el accidente laboral del trabajador boliviano que perdió un brazo en una panificadora de Gandia lleva dos años bloqueado en los juzgados. El fiscal de Siniestralidad Laboral, Jaime Gil, ha alertado del retraso tras cerrar la investigación en menos de un año. La titular del juzgado de lo Penal de Gandia admite que no «puede prever cuándo podrá celebrar el juicio» a pesar de que la instrucción está terminada desde abril de 2010. La magistrada asegura que el juzgado de Instrucción le remitió la causa en 2011 y que tiene una gran sobrecarga de trabajo.
El caso tuvo una gran relevancia a nivel nacional porque el trabajador —Franns Melgar— aseguró que lo habían abandonado a su suerte y que tiraron su brazo a la basura. La policía comprobó después que a Melgar lo dejaron en la puerta de urgencias del hospital.
Los hechos, según recoge la acusación del fiscal, ocurrieron en la madrugada del 28 de mayo de 2009. El operario boliviano estaba empleado desde 2007 «sin tener contrato ni estar dado de alta en la Seguridad Social» trabajando en el amasado de harina. Melgar sufrió el accidente cuando manipulaba la máquina amasadora «sin haber recibido ninguna información de los riesgos que corría con su utilización» ya que la panificadora carecía de un plan de riesgos laborales.
En el caso están acusados dos hermanos, que se enfrentan a sendas penas de seis años de prisión por un delito contra los derechos de los trabajadores. El fiscal no acusó a los dos empresarios de una supuesta denegación de auxilio al considerar que sí fue trasladado al hospital. La Fiscalía tampoco mencionó en su escrito de acusación que tiraran el brazo a la basura.
Según la Fiscalía, la máquina llevaba un año con el sistema de seguridad inactivo. El trabajador sufrió el accidente al verter la levadura en el interior de la amasadora. Franns Melgar perdió el brazo por encima del codo y los médicos no pudieron reinplantárselo porque estaba destrozado. El trabajador fue atendido por el cirujano Pedro Cavadas, que será citado como testigo al juicio, y permaneció 17 días hospitalizado.
Las diligencias previas las tramitó el juzgado de Instrucción número seis de Gandia. El fiscal de Siniestralidad Laboral ya ha advertido en sus dos últimas memorias que desde el primer momento impulsó la investigación, lo que permitió que «la causa estuviera calificada en apenas un año. Curiosamente, el asunto está pendiente de juicio oral por un problema de saturación y va a durar más el tiempo de espera que la instrucción, lo cual no deja de ser paradójico».
1.700 juicios pendientes
El juzgado Penal de Gandia tiene una titular desde el pasado mes de marzo. Según informó el TSJCV, «la magistrada llegó al juzgado y se encontró con 1.700 juicios pendientes de celebrar y 3.000 sentencias sin ejecutar. A pesar de que estaba solicitado el apoyo de otro juez y secretario, no se pudo poner en marcha hasta principios de mayo porque la Conselleria de Justicia no aprobó hasta entonces el refuerzo de dos funcionarios, que finalmente se han incorporado aunque no tienen formación específica en tramitación judicial». La juez ya ha resuelto los asuntos instruidos en 2009 y ahora está con los de 2010.
La Fiscalía de Siniestralidad Laboral quería agilizar al máximo el caso por la transcendencia social que tuvo y la gravedad de los hechos. El fiscal incidió en su escrito de acusación en que la Inspección de Trabajo levantó un acta por una falta muy grave por la carencia de medidas de seguridad contra la mercantil «Hornos Rovira Safor S. L.». El representante del Ministerio Público reclama que los dos hermanos acusados —Juan Javier R. y Raúl R,— indemnicen con 132.540 euros a Franns Melgar.
El Instituto Nacional de la Seguridad Social reconoció la incapacidad permanente a Melgar. La víctima consiguió que el Gobierno le concediera la nacionalidad española a raíz del suceso.
