El "peaje sanitario" de entre 710 y 1.600 euros que el Gobierno del PP quiere aplicar a partir del 1 de septiembre a los inmigrantes en situación irregular en España para ser atendidos en la sanidad pública se ha encontrado con el rechazo de plano de la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitario (Semfyc). Esta organización, la más representativa de Atención Primaria con unos 22.000 médicos de centros de salud asociados, ha lanzado una campaña de objeción de conciencia para poder seguir atendiendo a sus pacientes que sean inmigrantes "sin papeles" a la que ya se han adherido casi un millar de facultativos de toda España, medio centenar de ellos de la Agencia Valenciana de Salud.
El presidente de la Societat Valenciana de Medicina Familiar i Comunitària (Svmfic), el doctor Carlos Fluixà, apoya esta campaña de insumisión al Gobierno y a la Conselleria de Sanitat, que el martes mostró su intención de seguir a rajatabla la reforma del Sistema Nacional de Salud. Fluixà dice que esta objeción "está avalada legalmente, pues no se puede por ley dejar de atender a un paciente con el que ya se tiene una relación médica". "No podemos dejar abandonada a gente sin recursos, pues esto viola los Derechos Humanos y las directrices de la OMS", añade.
La Svmfic ha solicitado al conseller de Sanidad, Luis Rosado, "que se posicione de forma clara ante si los médicos van a poder seguir atendiendo a todos sus pacientes, independientemente de su situación legal", recalca Fluixà. "El 1 de septiembre está ahí al lado, y no sabemos si vamos a poder extender recetas a estas personas", lamenta. El problema es grave, pues el Observatorio Valenciano de la Inmigración (Ovim) estima que actualmente residen unos 247.000 inmigrantes irregulares en la C. Valenciana, 176.000 son ciudadanos de la UE que no han solicitado el certificado de registro. Casi uno de cada tres extranjeros "sin papeles" afincados en España vive en tierras valencianas. Todos ellos, a excepción de las mujeres embarazadas y los menores de edad, deberán pagar para recibir atención médica a partir de septiembre.
El secretario de Inmigración de CC OO-PV, Ventura Montalbán, acusa a Sanidad de "no conocer la situación real de los inmigrantes en situación irregular, pues la inmensa mayoría de ellos no van a poder pagar por carecer de recursos".
El conseller de Justicia y Bienestar Social, Jorge Cabré, garantizó ayer que ninguna persona que necesite atención urgente, "sea de donde sea, va a dejar de ser atendida".
El presidente de la Svmfic asegura que reducir la asistencia sanitaria a los inmigrantes sin recursos a las urgencias, "además de colapsar las urgencias, desencadenará graves problemas de salud pública y no supondrá ningún ahorro". Enfermedades contagiosas como la tuberculosis "no tiene ningún sentido tratarla en urgencias".
