Los fiscales de Estados Unidos que coordinan las comisiones rogatorias enviadas por la juez Nieves Molina han advertido a la titular del Juzgado de Instrucción número 21 de Valencia de que han encontrado «claros indicios de delito» en las operaciones que realizó la trama de funcionarios y ONG que presuntamente defraudó hasta 4,5 millones de euros en ayudas de la Generalitat al Tercer Mundo, según ha podido saber Levante-EMV de fuentes cercanas a la investigación. La justicia americana ya ha embargado varias cuentas corrientes de los imputados abiertas en entidades de Florida y Delaware y diversos inmuebles y busca a la imputada Julia Valdés, la ciudadana de nacionalidad argentina que montó sociedades con el empresario preso Augusto César Tauroni.

Los fiscales de Washington han dado orden de rastrear el dinero presuntamente desviado a empresas y fundaciones de Miami y de verificar la compra de los bienes inmuebles, como ya contó Levante-EMV, dos apartahoteles en Miami que estaban a nombre de Alina Indiekina, la pareja de Tauroni y también imputada en la causa.

De momento, esta parte del proceso que se enmarca dentro de la investigación sobre blanqueo de capitales está bajo secreto de sumario y no se levantará, al menos, hasta finales del mes de agosto. La juez Molina todavía teme que el dinero desviado al extranjero pueda desaparecer. De hecho, Valdés y Tauroni crearon hasta ocho sociedades de EE UU (Florida y Delaware) que recibieron transferencias de las ONG de la trama por valor, al menos, de 1,5 millones. Eso sí, sin hacer ni un solo trabajo, según apunta la investigación.

El Ministerio Público revela que del análisis de las cuentas corrientes de empresas de Augusto César Tauroni que percibieron grandes cantidades de dinero de las ONG investigadas «ni un solo dólar de estas cuentas se destinó a los proyectos subvencionados». «Antes al contrario», apunta, «ha quedado acreditado que Augusto César Tauroni y su pareja compraron dos apartamentos en Miami en julio de 2010 y agosto de 2011, en el 485 de Brickell Avenue y en el 200 de Biscayne Boulevard, por valor de un millón de dólares, así como gastos varios, hoteles, vuelos, restaurantes, etc..., con cargo al dinero obtenido de las subvenciones».

Según información del sumario, Tauroni se gastó «un millón de dólares» y también hizo uso del dinero de cooperación para sus estancias en el piso. En concreto 4.000 euros, según la transferencia realizada desde una de sus empresas con destino al apartahotel Viceroy cinoc estrellas.

Pero Tauroni no era el único con cuentas en Miami. El exjefe de servicio de Cooperación y también imputado, Marc Llinares, disponía de una cuenta abierta en una entidad americana a la que le fueron transferidos unos 5.000 euros, según se desprende del sumario.

El empresario imputado Fernando Cañete montó Equipment Marketing Consulting Corporation, ubicada en Delaware. A través de esta sociedad recibió 147.100 euros de Hemisferio, la ONG matriz de la trama y donde trabajaba su esposa, la también imputada Maribel Castillo.