La Cámara de Contratistas de la Comunitat Valenciana se muestra muy crítica con la actitud escurridiza del Ministerio de Fomento respecto a las inversiones en el corredor mediterráneo y las infraestructuras necesarias para la Comunitat Valenciana.
Tras la información adelantada por Levante-EMV de que Fomento admite en privado a los empresarios de obra civil que va a centrar sus inversiones en Cataluña, retrasar «sine die» el nuevo trazado del AVE Valencia-Castelló-Tarragona y relegar a 2016 o 2017 el tercer carril en las vías actuales, la reacción de los contratistas no se ha hecho esperar. «Rajoy debe salvar a Fabra, es de justicia, saldando la deuda eterna del Gobierno central con la Comunitat Valenciana».
El gerente de la Cámara de Contratistas, Manuel Miñes, defiende que «es la hora de ser reivindicativos y exigir inversiones en transportes y logística del Gobierno central y una financiación adecuada acorde con nuestra población, que siempre se nos ha negado, para paliar el abandono de la Generalitat Valenciana».
Los contratistas se rebelan contra el «falso estereotipo» de que la «Comunitat Valenciana es una faro de corrupción» pese a los «casos repudiables que la justicia castigará y los partidos políticos sancionarán a sus responsables, si no quieren perder su credibilidad ante la sociedad, todavía más».
Los contratistas también reconocen que «en la Comunitat Valenciana hemos hecho no pocas inversiones desacertadas» y cita expresamente los proyectos de «Terra Mítica, Ciudad de la Luz, l’Àgora de Cacsa y el aeropuerto de Castelló», aunque este tipo de errores también se han repetido en «otras autonomías, con más de 12 aeropuertos sin apenas tráfico». «Aunque en estos momentos difíciles no podemos olvidar el sobreesfuerzo de inversiones hechas directamente por la Generalitat para reemplazar y no dejar en evidencia la falta de inversión en infraestructuras del Estado central en nuestra comunidad. Así de poco reivindicativos, complacientes y seguidistas fueron nuestros presidentes autonómicos Zaplana, Olivas y Camps», señala el gerente de los contratistas, Manuel Miñes.
Y, a las puertas de que el Gobierno elabore los presupuestos generales del Estado de 2013, los contratistas defienden que «no hay cejar en demandar una financiación per cápita justa (el déficit actual es de unos 12.000 millones de euros entre 2002 y 2012, y la inversión directa en infraestructuras que se nos adeuda: 10.098 millones de euros desde 2000 hasta 2012» (ver el cuadro adjunto).
De hecho, la Comunitat Valenciana «nunca ha tenido ingresos cercanos a los que recibe un ciudadano español, ni antes del sistema de financiación de 2002, ni en 2002 ni en 2009 con 132 €/habitante/año, 165 €/habitante/año y 194 €/habitante/año hemos dejado de percibir en estos tres periodos». Esta falta de financiación es «la causante de nuestra deuda y déficit actual. ¡Y ahora todo el mundo lo olvida! No se trata de ser unos privilegiados, sino de alcanzar el promedio nacional y no estar eternamente a la cola»
