16 de agosto de 2012
16.08.2012

Sanidad gasta 210 millones al año para atender a extranjeros y turistas españoles

La atención a españoles desplazados de otras autonomías cuesta 164 millones anuales mientras la asistencia a extranjeros con Tarjeta Sanitaria Europea roza los 46 millones El Consell apenas recauda un millón con el cobro a extranjeros sin cobertura o seguro privado

17.08.2012 | 15:13
Foto de archivo de un centro de salud de Valencia.

Las cuentas de la Sanidad valenciana se desangran por la atención a turistas españoles y a extranjeros, visitantes o residentes, con Tarjeta Sanitaria Europea (TSE). Según fuentes del Consell, esta asistencia le cuesta a las arcas públicas valencianas unos 210 millones de euros al año. Un montante que desde la Generalitat lamentan que solo está siendo «compensado en una parte muy pequeña por el Fondo de Cohesión Sanitaria, que tiene por objeto garantizar la igualdad de acceso a los servicios de asistencia sanitaria públicos en todo el territorio español, así como la atención a ciudadanos desplazados procedentes de países terceros».

La falta de mecanismos actualizados para hacer frente a estos pagos hace que el Consell deba cargar con la mayoría de este gasto, cuyo 78%, 164,3 millones de euros, lo ocasionan los ciudadanos españoles residentes en otras autonomías que están de paso en la Comunitat Valenciana. El 22% restante, 45,7 millones de euros, provienen de la demanda sanitaria de extranjeros con TSE.

Los beneficiarios de la TSE son ciudadanos que estan asegurados o cubiertos por un sistema de seguridad social estatal en cualquier Estado miembro de la Unión Europea, Islandia, Liechtenstein, Noruega o Suiza. También tienen derecho a una tarjeta las personas de países no pertenecientes a la UE que residan legalmente en territorio comunitario y estén cubiertos por un régimen de seguridad social estatal. Por tanto los inmigrantes «sin papeles», se quedan fuera de este apartado.

Mientras el Consell espera que se articule cuanto antes el funcionamiento y las cuantías del Fondo de Garantía Asistencial (FOGA) anunciado por la Ministra de Sanidad, Ana Mato, el pasado abril para contar con una dotación económica «suficiente» para cubrir los desplazamientos entre autonomías, la Conselleria de Sanitat ha intentado poner coto al llamado «turismo sanitario». Es decir, a la llegada de ciudadanos extranjeros, especialmente jubilados británicos, alemanes y de los países nórdicos, que llegan la Comunitat Valenciana atraídos no sólo por el Sol, sino también por contar con prestaciones sanitarias gratuitas que no tienen en sus países de origen.

Coto al «turismo sanitario»
Para controlar estos abusos, la Generalitat ha intensificado el cobro directo a pacientes extranjeros que no documenten su cobertura o a los que tengan seguro privado. Con esta medida, el Gobierno valenciano ha recaudado 1.062.560 euros, apenas un 10% de los 10 millones que esperaba obtener por esta vía.

Facturas de difícil cobro
A los turistas extranjeros que reciben atención en los centros de la Agencia Valenciana de Salud (AVS) se les requiere presentar la TSE, o si siendo extracomunitarios existe algún convenio con su país de origen, o bien si tienen algún seguro asistencial. «A aquellas personas susceptibles de facturación se les informa del importe de la asistencia, y se procede a su cobro en la unidad de cargos a terceros mediante tarjeta de crédito, cheque de viaje o impreso de ingreso en entidad bancaria», detallan las fuentes.

Pero este cobro no es sencillo como demuestra la publicación en el Diario Oficial de la Comunitat Valenciana (DOCV) de listados con cientos de extranjeros atendidos en hospitales valencianos, especialmente de la provincia de Alicante. Así por ejemplo, sólo en el Hospital de Torrevieja, que cubre una zona con uno de los mayores porcentajes de población foránea, cuatro de cada 10 intervenciones quirúrgicas que se realizaron en 2009 fueron a pacientes extranjeros, de los cuales uno de cada seis era británico.

El Consell atenderá a los «sin papeles» con patologías contagiosas
El Consell, al igual que el resto de autonomías del PP, aplicará la normativa del Gobierno que ordena dejar sin asistencia sanitaria a los inmigrantes «irregulares». Desde el 1 de septiembre los extranjeros en situación ilegal que no abonen 59,2 euros al mes —155 si tienen más de 65 años— se quedaran desasistidos salvo los menores de edad, las urgencias y la atención al embarazo. No obstante, la Consellería de Sanidad ha asegurado a Efe que «se atenderán todos los casos de ´sin papeles´ con enfermedades transmisibles». Por otro lado, 77 médicos de centros de salud de la Comunitat Valenciana se han acogido a la objeción de conciencia para atender a inmigrantes «sin papeles» que promueve la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria

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