El Ejecutivo valenciano está estudiando seriamente la posibilidad de despedir funcionarios interinos de la Generalitat, una medida a la desesperada para poder limitar el exceso de déficit público en 2012, así como para demostrar al Gobierno central que es capaz de cumplir con los objetivos fijados en el plan de reequilibrio. El plan de recorte todavía no está cerrado, pero no es descartable que a la vuelta de las vacaciones de verano y con el inicio del curso político la Conselleria de Hacienda y Administraciones Públicas informe a los sindicatos.

El despido de interinos ya estuvo encima de la mesa hace aproximadamente un año cuando la Generalitat aprobó el decreto de medidas urgentes para reducir el déficit que, entre otras cuestiones, incluía reducciones de jornada y salario para los funcionarios interinos de la Generalitat. Encima de la mesa estuvo poner en marcha los despidos pero hubo reticencias por parte de la Conselleria de Hacienda que presionó para que, el lugar de rescisiones de contratos masivos, se aplicaran ajustes retributivos.

Eso sí, tal como informó en su día este diario el decreto aprobado incluía una habilitación legal para poder llevar a cabo la reordenación de efectivos: «El Consell, en el ámbito de sus competencias, podrá aprobar Planes de Ordenación de Personal con la finalidad de ordenar la Administración de la Generalitat, para la reducción de hasta un 25 % de los efectivos de carácter temporal, para alcanzar los objetivos establecidos en materia de reducción del gasto público, así como para lograr una mayor racionalidad y eficacia en la Administración de la Generalitat y en las entidades autónomas dependientes», reza el decreto aún en vigor. En su momento, fuentes de Hacienda reconocieron que esta medida afectaría a todo el personal, incluído docentes y sanitarios, si bien insistieron que, de momento, se trataba de una previsión y el que Consell esperaba no tener que hacer uso de esta cláusula. De hecho, Hacienda llegó a comprometerse en un documento ante los sindicatos de que no tocaría al personal interino. Sin embargo, la propuesta de la conselleria fue rechazada por los sindicatos y el conseller José Manuel Vela ya ha dicho en varias ocasiones que en general no se siente comprometido con el contenido de ese documento porque los sindicatos lo rechazaron.

Según el último informe de la Sindicatura de Comptes, la Generalitat tenía en nómina en 2010 unos 40.000 empleados interinos, de los que unos 3.800 trabajan en las conselleries y el resto es personal sanitario y docentes. El sector educativo es el que en los últimos meses más ha sufrido los ajustes de la Generalitat. De hecho, se calcula que unos 3.000 se han quedado en el paro, ya que no serán contratados para el próximo curso escolar. Conforme se acerca el final del ejercicio, el Ejecutivo de Fabra es consciente de que tendrá que adoptar medidas complementarias para reducir los gastos y acercarse lo máximo posible al objetivo de déficit, un 1,5 % del PIB que difícilmente se cumplirá, según recoge el último informe del Observatorio Fiscal y Financiero de las Comunidades Autónomas (ver página 22).

Las previsiones del plan de reequilibrio, sobre todo, en materia de ingresos no se están cumpliendo, por lo que el Consell está pensando en dar una vuelta de tuerca al ahorro en el capítulo de personal. Seguiría así el ejemplo de la Junta de Castilla-La Mancha donde tras la sangría de 1.5.000 interinos en la calle, se ha anunciado un ajuste para despedir a 43 % de temporales.

El ahorro por los ERE se retrasa

El Consell está tratando de apretar el acelerador en los Expedientes de Regulación de Empleo que está llevando a cabo en las empresas y fundaciones públicas, un drástico ajuste que implicará finalmente cerca de 5.000 despidos. Con todo, los ERES no se están ejecutando en el plazo previsto. El retraso tiene un efecto en el capítulo 1 ya que todo el ahorro previsto en nóminas se va al traste cada mes que no hay descuentos en la nómina. Con todo, de producirse, los despidos de interinos no precisan un proceso tan largo como en el sector público. Basta con los planes de reordenación de efectivos. En Castilla-La Mancha los sindicatos ya han anunciado que irán a los tribunales.