El conseller de Sanidad, Luis Rosado, manifestó ayer su intención de derivar a las ONG y a las entidades benéficas la asistencia de los inmigrantes con enfermedades crónicas que se queden sin cobertura sanitaria a partir del uno de septiembre y no dispongan de recursos para costearse el tratamiento.
Rosado destacó que su departamento "no ejercerá de policía en el cobro de la factura médica" a los sin papeles a partir de primeros del mes que viene, que es cuando entra en vigor el Real Decreto 16/2012 de sostenibilidad de sistema sanitario que deja sin asistencia sanitaria -salvo urgencias, menores y partos- a todos los inmigrantes irregulares.
Rosado repitió ayer las palabras que dijo la ministra de Sanidad, Ana Mato, en mayo cuando delegó la asistencia sanitaria de este colectivo a las ONG que entonces indicaron que lo único que podían hacer era dar información pero no asistencia sanitaria y que no eran conocedoras de esos acuerdos.
La Conselleria de Sanidad indicó ayer a Levante-EMV que los únicos tres convenios vigentes con ONG que contemplan la asistencia sanitaria son para atender a los niños de Chernobyl (Ucrania) y los saharahuis que vienen de vacaciones a la Comunitat. Las personas de estas nacionalidades podrían ser atendidas amparados por esos acuerdos. Parece ser que la conselleria contempla firmar otros dos convenios con otras entidades benéficas, si bien a tres días de entrar en vigor la norma aún no hay instrucciones ni sanidad tiene nada claro.
Lo que sí aclaró ayer el conseller fue que los inmigrantes irregulares con enfermedades crónicas (VIH; infecciosas, diabetes, diálisis) tendrán que costear el precio de sus tratamientos farmacológicos. Sin embargo, posteriormente la conselleria precisó que los pacientes con VIH recibirán su medicación gratuita en las farmacias hospitalarias como hasta ahora.
Rosado, aseguró ayer que hay que "desdramatizar" el nuevo modelo porque "todas las personas van a tener asistencia". Los pacientes que no puedan pagar las facturas, subrayó, no van a suponer "ningún problema, porque no vamos a actuar de policías para conseguir el pago".
"Lo que vamos a hacer es facturar la asistencia, si tienen dinero, tendrán que pagar, si no lo tienen, no pasa nada", precisó. La conselleria aún no sabe cuantas inmigrantes irregulares se quedarán sin asistencia a partir del 1 de septiembre.
Por otra parte, CC OO ha denunciado la "frivolidad" e "improvisación" de la Conselleria de Sanidad en la gestión de la nueva Ley de aseguramiento para inmigrantes sin papeles y ha advertido de que el "'apartheid' sanitario que impone la nueva norma se convertirá en un problema de salud pública".
