Aunque en el oficio es un secreto a voces, mucha gente desconoce que en Canal 9 hay trabajadores apartados por las purgas ideológicas aplicadas en la casa bajo los gobiernos del PP. Son periodistas con plaza fija ganada por oposición que, casi literalmente, no hacen nada en todo el día o tal vez elaboran una o dos noticias al mes. Ojean la prensa, leen algún libro, navegan por internet o —en algún caso— pueden pasar días sin aparecer por su puesto de trabajo sin dar ninguna explicación. Nadie les echa de menos.

Más allá de las implicaciones morales, éticas y políticas de esta situación kafkiana, el detalle es la constatación perfecta de cómo en Canal 9 hay más trabajadores que trabajo por hacer. Para recortar esta plantilla de 1.678 empleados (que llegó a superar en 2005 los 1.900 trabajadores), el Consell d’Administració de RTVV ha aprobado esta semana un Expediente de Regulación de Empleo que prevé 1.198 despidos. Cuando se materialice, quedará menos de un tercio de la plantilla actual: sólo 480 empleados, según las cifras oficiales.

Algunos trabajadores se preguntan qué radiotelevisión pública podrá hacerse con tan exigua plantilla. Un buen interrogante. Pero es otra la pregunta que acucia a una buena parte de la sociedad: ¿Cómo ha llegado RTVV a casi triplicar su plantilla en quince años mientras la audiencia se desplomaba y la deuda se disparaba hasta alcanzar los 1.100 millones de euros?

La plantilla. Es el caso más sangrante. Aunque ahora parezca ciencia ficción, cuando el PP accedió en 1995 a la Generalitat se encontró una RTVV con 653 trabajadores. Ése fue el legado tras la etapa de Joan Lerma. Al Consell de Eduardo Zaplana (quien un año después de llegar al poder aún se refería a Canal 9 como «el último bastión socialista»), aquella plantilla se le quedaba pequeña. Pronto, bajo el mando de José Vicente Villaescusa como director general del ente público, convocó oposiciones y en 1997 creó Punt 2, adonde desvió parte de la vieja guardia de la tele, sospechosa de ser desafecta al nuevo gobierno. El balance de Zaplana es la madre de todos los excesos en el canal autonómico: bajo su presidencia, la plantilla de RTVV pasó de 653 empleados a 1.616.Casi un millar más de trabajadores que dispararon los gastos de personal: de los 25 millones de euros de 1995 a los 56 millones de 2002, cuando Zaplana dejó el Palau.

Tras el efímero paso de José Luis Olivas, llegó Francisco Camps al Consell con un problema interno: la guerra con los zaplanistas. La televisión autonómica era una buena arma para controlar el conflicto. Hubo un aluvión de contratos temporales, que fue visto por la oposición como un método para garantizarse la fidelidad de los periodistas y apartar a los díscolos. De este modo volvió a engordar la radiotelevisión autonómica hasta alcanzar cifras récord: con Camps se pasó de los 1.719 empleados de 2003 a picos que superaban los 1.900 trabajadores en 2005 y 2006 y que luego bajó a entre 1.700 y 1.800 empleados. Así, el coste en personal en esta etapa se disparó de los 61 millones de euros de 2003 a los 80 millones de 2010.

Al final, ha sido Alberto Fabra —con José López Jaraba como director general de RTVV— quien ha tenido que tomar la drástica decisión de desmantelar la plantilla hinchada por sus predecesores.

La deuda. Junto con la escalada de gastos en personal, RTVV tiró la casa por la ventana en derechos de retransmisiones deportivas (liga de fútbol, Champions League, Fórmula 1, Copa América) y en contratación de producción externa. Y la deuda se disparó. Volvamos al retrovisor: en 1995, el PSPV se despidió del poder legando una deuda en Radiotelevisió Valenciana de 16 millones de euros. Eso sí: la Generalitat compensaba hasta entonces las pérdidas del ente. Luego, en la etapa del PP, la escalada de la deuda ha ido en aumento de forma exponencial.

Pese a las reiteradas advertencias sobre el «recurrente desequilibrio económico» de RTVV que cada año realizaba la Sindicatura de Comptes, nadie puso freno. La deuda aumentaba: aquellos 16 millones del año 1995 pasaron a ser 195 millones en el año 2000; Zaplana se marchó en 2002 y ese año la deuda ya alcanzaba los 363 millones de euros, gracias a una ley aprobada por el Consell que permitía a RTVV endeudarse por sí sola sin que la Generalitat tuviera que asumir el derroche.

Con la llegada de Camps, el problema se agravó todavía más. Bajo su presidencia, la deuda fue al alza sin freno. En sus últimos años de gobierno, la radio y la televisión públicas perdían cada año más de 200 millones de euros. Nadie ponía parches. Y así, la deuda acumulada pasó de los 470 millones de euros de 2003, a 965 millones en 2007, y así hasta llegar a los 1.100 millones de euros que actualmente debe RTVV a los bancos. La media es escalofriante: cada valenciano debe 215 euros únicamente por la deuda acumulada por «su» radiotelevisión autonómica.

Las productoras externas. Con 1.800 personas en la casa, llama la atención el gasto progresivo en producción externa que ha realizado Canal 9. En la primera etapa, cuando Amadeu Fabregat controlaba RTVV, el gasto en producción externa acabó con un máximo de 17 millones de euros anuales en 1995. Pero de 1996 a 2010, la producción propia cayó y la contratación de programas se puso a la orden del día. En esos catorce años con gobiernos del PP se gastaron en torno a los 572 millones de euros.

La polémica, aparte del elevado gasto, también recaía en las productoras que se llevaban el dinero. Producciones 52, de Ángel Moreno, se llevó una gran parte del pastel de los años noventa y primeros del nuevo siglo con programas como Tómbola; el Parle vosté, calle vosté con el padre Apeles; o el Debat Obert de Cristina Tárrega. Polémicas también fueron las contrataciones de programas a El Mundo TV, con condenas por el uso de cámara oculta, a Mediapro, con sentencias judiciales por medio, o, más recientemente, a Triskel Audiovisual, a la que RTVV pagó al menos 156.000 euros por la compra de tres polémicos reportajes sobre Garzón, Rubalcaba y los GAL (los dos últimos no emitidos). Fuentes de la actual RTVV auguran que, cuando la plantilla caiga a 480 empleados tras el ERE, aumentará la contratación externa de programas y servicios con productoras afines al PP.