El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana ha acordado declararse competente y asumir la investigación del conocido como Caso Brugal sobre supuestas ilegalidades en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Alicante, después de que el juzgado de Instrucción nº 5 de los de Alicante solicitara en julio la imputación en el caso de los diputados del Partido Popular en las Corts Luís Díaz Alperi y la también alcaldesa de Alicante Sonia Castedo, aforados por su condición de síndics.
El magistrado Juan Climent, conocido por ser el encargado de juzgar a Francisco Camps y Ricardo Costa„ estima que en las investigaciones realizadas por el juzgado de Alicante se observa la concurrencia de indicios suficientes para investigar la "presunta comisión de los delitos de revelación de información privilegiada, tráfico de influencias y cohecho".
En esta pieza separada del caso Brugal, el Juzgado de Instrucción alicantino observó supuestos amaños en el citado PGOU a favor del constructor y promotor Enrique Ortiz, uno de los imputados.
Su titular, el juez Manrique Tejada, abrió diligencias previas contra otras 15 personas más, entre las que figuran el arquitecto del proyecto de revisión del plan, Jesús Quesada; el abogado y hermano de la alcaldesa, José Luis Castedo; varios empresarios y dos exdirectores generales adjuntos de Bancaja.
El instructor observó indicios de supuestos delitos de aprovechamiento de información privilegiada facilitada por autoridad o funcionario, cohecho, tráfico de influencias, asesoramiento ilegal o revelación de información privilegiada por funcionario.
Aunque Tejada entiende que la fase de la instrucción no permite concretar el tipo de cohecho, apunta que, en función de los indicios, este delito puede darse como consecuencia de "la percepción y/o solicitud de dádivas" por parte de Castedo y Díaz Alperi al facilitar "información que no debía ser pública del PGOU".
"Incluso procedieron a modificar el mismo en atención a los deseos manifestados por un particular -Enrique Ortiz-, prescindiendo de los intereses generales y atendiendo exclusivamente al interés privado", añade en su razonamiento el juez instructor.
El Ministerio Fiscal, Esquerra Unida y el PSPV-PSOE, partidos personados en la causa, solicitaron al TSJ valenciano que asuma esta pieza separada del Brugal, algo que rechazaron los letrados de Castedo, Díaz Alperi y Enrique Ortiz, a quien el instructor imputa los citados delitos.
Respecto al delito de tráfico de influencias, el juez apuntaba "indicios acreditativos de la especial relación" que Ortiz mantiene con Castedo y Díaz Alperi.
El Estatuto de Autonomía valenciano establece que los diputados de Les Corts Valencianes, así como el president de la Generalitat y los miembros del Consell, solo pueden ser enjuiciados por la Sala de lo Civil y Penal.
