El Consell aprobó ayer nuevas medidas para endurecer el control de los pagos en la Generalitat. El foco se pondrá en esta ocasión en los fondos públicos destinados al pago de obras, suministros o servicios financieros cuya liberación sólo será posible una vez la Intervención de la Generalitat verifique in situ que el trabajo se ha realizado. La norma, según explicó el vicepresidente y portavoz del Consell, José Císcar, fija que en los contratos superiores a 90.000 euros un representante de la Intervención deberá verificar, antes de reconocer una obligación o proponer un pago, la efectiva realización de las obras. Cuando el importe sera inferior a esta cantidad, la Intervención podrá delegar la verificación en el órgano contratante, es decir, en la conselleria correspondiente.
La nueva regulación, según desveló el propio Císcar, supone recuperar un mecanismo de supervisión que ya funcionaba en época de Gobierno socialista y que fue eliminada antes de la llegada del PP al Consell. Según Císcar el objetivo es tener "mayor control sobre toda actividad contractual". Hasta ahora la verificación era asumida por la conselleria contratante.
Una vez el decreto entre en vigor la Intervención General deberá designar un representante para asistir al acto de recepción y esas prestaciones no se considerarán recibidas si no está presente. El órgano contratante tendrá 15 días para avisar a la Intervención y esta su vez eligirá al representante. La comprobación será total: "La verificación comprenderá todo tipo de comprobaciones, tanto materiales como documentales".
Evitar casos como Emarsa
El resultado de la comprobación se reflejará en el acta que será suscrita por todos los que concurran al acto de recepción y en la que se hará constar las deficiencias apreciadas, las medidas a adoptar para subsanarlas y los hechos y circunstancias relevantes de ese acto. Cuando resulte necesario la posesión de conocimientos técnicos, este organismo podrá designar a personal técnico facultativo de la Generalitat.
