El juez que investiga el saqueo de la depuradora de Pinedo hizo público ayer un durísimo auto sobre María Águilas Aladren, la esposa del empresario fugado, en el que decreta su ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza. El magistrado critica duramente a la mujer a quien le reprocha que intente engañarlo y desvincularse de Jorge Ignacio Roca como si éste les hubiera condenado a ella y a sus hijos «a una suerte de indigencia». El instructor le recuerda que fue ella la que vendió los 30 apartamentos en Francia, la que era gerente de una inmobiliaria y también la que acompañó al fugado a constituir firmas y cuentas corrientes en Malta y Andorra.
La versión que dio Aladren sobre su participación en los hechos garantiza para el juez un intento de «eludir cualquier respuesta sobre el paradero de Roca y es difícilmente creíble, máxime cuando éste no tenía medio legal alguno para obligar a la señora Aladren a la venta de los apartamentos y condenaba a ésta y a sus hijos a una suerte de indigencia, dado que Roca también le pedía que le transfiriera el producto de las ventas de los apartamentos».
Pero ahí no acaban las críticas a la mujer, a la que acusa de un delito de blanqueo de capitales. El magistrado afirma que, pese a tener dos hijos y asegurar que reside en España desde 2011, no lo puede documentar, «lo que es incluso menos de lo que aportan extranjeros en situación irregular en España». «Resulta de todo punto increíble que una mujer adulta y con dos hijos a su cargo de tan corta edad no haya generado en año y medio un solo documento que pueda aportar y que acredite que de forma permanente y continuada ha residido en España», concluye. Y es por esa falta de arraigo por lo que solicitó la prisión provisional, primera que decreta a uno de los 33 imputados en el caso.
Y es que tanto el juez como la fiscal sospechan que María Aladren todavía convivía con Jorge Ignacio Roca antes de entregarse el pasado martes. Es más, creen que ambos, junto a sus dos hijos en común, estaban en algún lugar de Rumanía, probablemente en Bucarest. Cabe recordar que en el país centroeuropeo fue donde viajaron numerosos imputados a costa de Emarsa, según el gerente Esteban Cuesta, para construir depuradoras con la intención de que se convirtiera en una fuente de financiación de la saqueada empresa pública.
Císcar pide «poner en cuarentena» el saqueo de la planta de Pinedo
El vicepresidente del Consell, José Císcar, pidió ayer que se ponga «en cuarentena» que en Emarsa se han pagado 10 millones de euros por trabajos no realizados porque se trata de un tema en proceso judicial en el que, «de momento, no hay resolución que dé por probado lo que se pagó sin la prestación». Císcar se pronunció así cuando estaba presentando un proyecto mediante el cual, la Intervención de la Generalitat verificará el cumplimiento de los contratos antes de pagarlos.
Respecto a Emarsa Císcar matizó que «eso no significa que la Intervención tenga que estar todo el día viendo cómo entran y cómo salen los camiones» que, en contratos por menos de 90.000 euros, la Intervención podría delegar en el propio órgano contratante.
