El Tribunal Constitucional (TC) ha admitido a trámite el recurso de inconstitucionalidad presentado por 50 senadores del PSOE a instancia de los sindicatos de la Mesa General de Negociación (UGT, CC.OO., CSIF, FSES e IV) contra el decreto ley de medidas urgentes para reducir el déficit público aprobado por el Consell a principios de año y que incluye severos recortes para los funcionarios.

El recurso, de acabar prosperando, podría generar un auténtico problema para el Ejecutivo de Fabra que vio en la reducción salarial de interinos, médicos y profesores una vía para aliviar las maltrechas arcas públicas. Los sindicatos llevaron el decreto hasta el TC con el convencimiento de que este vulnera varios preceptos constitucionales. Son varias las vías de agua que tendrá que analizar el alto tribunal, entre ellas, el trato discriminatorio entre los funcionarios interinos respecto del personal funcionario de carrera e incluso entre el personal interino del Consell, de Educación y de Sanidad. A los primeros se les redujo la jornada un tercio. Médicos y profesores vieron mermada sus complementos de carrera.

Con todo, una de las cuestiones que podrían ser claves es, para los sindicatos, la presunta lesión de toda una serie de derechos adquiridos de los empleados públicos sobre los que recayó "una auténtica confiscación patrimonial prohibida expresamente en nuestra Constitución", según apuntó ayer UGT en un comunicado.