Su objetivo no es abrir "una guerra contra la Iglesia", defendió el portavoz de Cultura del PSPV en las Corts, Juan Soto, quien incluso apeló a la "caridad cristiana", pero no dudó ayer en emplear un término que todavía hoy hace retumbar los cimientos de los templos. Los socialistas registraron una propuesta en la Cámara para impulsar una "nueva desamortización cívica", acuñó Soto, que permita el uso público del patrimonio de la Iglesia no afecto al culto como "compensación por las ayudas recibidas de la Generalitat" destinadas a la rehabilitación de sus bienes de valor histórico. Unos 150 millones, la mayoría de las arcas del Consell, sos los fondos recibidos por el Arzobispado en los últimos años, según los cálculos del parlamentario del PSPV. La propuesta emplaza al Ejecutivo a negociar con la Iglesia un "acuerdo equilibrado y amistoso, de interés mutuo", con el fin de materializar la desamortización.

A preguntas de los periodistas, el diputado defendió que, de cara al futuro, se deberían "condicionar" las ayudas que reciba la Iglesia a una "entrega razonable" de patrimonio para destinarlo igualmente a uso cívico y cultural. Para llevar a cabo su iniciativa, explicó, lo primero que "habría que hacer es un inventario actualizado de los bienes patrimoniales de la Iglesia para poder valorar cuántos de ellos podrían destinarse a patrimonio público de uso cívico y cultural para la ciudadanía, a través de un convenio".

"Es sensato y de sentido común que la Iglesia entregue y compense con el destino para uso público y disfrute de los ciudadanos por el dinero recibido de los impuestos de todos los valencianos", defendió Soto, quien insistió: "Es una cuestión de justicia y solidaridad retornar parte de esas ayudas en patrimonio, que no está destinado al culto, para nuevos servicios públicos". Más aún, en las actuales circunstancias de crisis, ya que la medida permitiría "ahorrar inversión pública y generar nuevas utilidades".

Con su propuesta, el diputado pretende ir más allá del debate suscitado por el cobro de entrada para la visita de patrimonio rehabilitado con fondos públicos, que la Iglesia ingresa totalmente sin ceder nada a la Administración. Soto constató que la Iglesia "tiene dificultades para conservar y rehabilitar el enorme patrimonio del que dispone", de ahí que haya tenido que recibir para "rehabilitación y conservación" de sus bienes más de 150 millones "pagados con el dinero de todos los ciudadanos".

Y, al mismo tiempo, la institución eclesiástica tiene "sin utilizar o abandonadas muchas propiedades en numerosos municipios". De ahí la conveniencia de un acuerdo que sería "de interés de todos". El parlamentario añadió que existen, de hecho, "templos cerrados que ya no ofrecen culto y que tienen programados actividades culturales" por parte de la Iglesia. Al menos, defendió, que la contribución de la Iglesia vaya más allá de los 6 euros que aportó al Arzobispado en la constitución de la fundación La Luz de la Imágenes, con la que se han acometido las inversiones en rehabilitación de la Generalitat.