La alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, planteó ayer la necesidad de abrir un debate sobre "cómo es y cuánta grasa tiene la administración de la Unión Europea", después de que la institución comunitaria esté, a su juicio, presionando a los Estados para que reduzcan y adelgacen sus administraciones.
Barberá hizo estas declaraciones tras presidir en Valencia la constitución del Consejo Permanente de Calidad de la Ordenanza Reguladora de Obras de Edificación y Actividades del Ayuntamiento.
Tras asegurar ser consciente de que sus palabras pueden generar "una polémica brutal", dijo que le "da igual", porque "estamos siendo todos presionados por Europa, en cuanto a la reducción y adelgazamiento de las administraciones".
A su juicio, lo que habría que hacer es empezar a pensar en las dimensiones del Parlamento Europeo, las distintas direcciones generales o el Comité de las Regiones, entre otros organismos, así como sobre el número de funcionarios con los que cuenta la Unión Europea.
La alcaldesa de Valencia ha realizado esta reflexión "con toda responsabilidad y, a lo mejor, con conocimiento de causa", puesto que es algo que, según ha afirmado, "lo vivo o lo he vivido".
Rita Barberá, de hecho, forma parte del Comité de las Regiones, que tiene 334 miembros y del que es presidente Ramón Luis Valcárcel, presidente también de la comunidad de Murcia y correligionario de Rita Barberá.
Con sus declaraciones, la alcaldesa de Valencia se rebela en cierta manera contra la rigurosa política de austeridad y control del déficit que impone la Unión Europea y que tiene que asumir el Gobierno español, pendiente incluso de las condiciones que le ofrezca Bruselas para decidir si finalmente pide el rescate.
Al frente de uno de los ayuntamientos más endeudados de España, Rita Barberá nunca ha renunciado a rebajar esa presión y, por eso, en los últimos años ha aplicado medidas de austeridad como la congelación de salarios e impuestos. Pero se resiste a adelgazar el cuerpo de funcionarios y, por ello, ha firmado un convenio colectivo para cuatro años cuyas bases son la congelación salarial a cambio del mantenimiento de las plantillas.
Ha mostrado incluso su disconformidad con la propuesta de Dolores de Cospedal de eliminar diputados y sueldos. Aunque no lo dijo explícitamente, aseguró que quien trabaja tiene que cobrar.
