El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas ha enviado a la Conselleria de Territorio y Medio Ambiente un informe con las pegas o «discrepancias» que plantea a la ley de actuaciones territoriales estratégicas (ATE) aprobada por el Consell mediante un decreto ley en noviembre de 2011 y ratificada por las Corts (con el voto en solitario del PP), el pasado mes de abril). Las ATE son los proyectos urbanísticos exquisitos previstos en la Estrategia Territorial de la Comunitat Valenciana que tienen una tramitación exprés de un año y buscan la singularidad y la excelencia urbanística. Como ATE ya se tramitan la operación del Valencia en el viejo y el nuevo Mestalla, el centro comercial de Paterna Proyecto Parque Ademuz o el Parque Ferrari que se aspira a construir en Cheste.

El Gobierno plantea tres pegas al decreto de las ATE, que deberá resolver una «comisión bilateral de cooperación» que se creará entre el Gobierno y la Generalitat para llegar a un acuerdo. Si éste no se produjera el siguiente paso sería que el Gobierno presentara un recurso al Tribunal Constitucional. Desde la Conselleria de Territorio confían en que no se llegará a esta situación y que se resolverán las discrepancias con el Gobierno en las reuniones que mantendrán a partir de octubre o noviembre. Las discrepancias del Gobierno no suspenden la aplicación de la ley, recuerdan desde el departamento que dirige Isabel Bonig.

El Gobierno objeta a tres artículos de la ley de actuaciones territoriales estratégicas, aunque uno de ellos establecía una nueva regulación de los patrimonios municipales de suelos (mediante una modificación de la Ley de Vivienda). La primera pega que plantea el Gobierno es que en la ejecución de las obras de urbanización de la zona pública de las ATE se debería convocar un concurso público. Fuentes de la Conselleria de Territorio explican que, por ejemplo, la obra pública de la ATE del Valencia apenas representa el 10% del importe global, aunque ya revisan cómo se aplica esta figura en otras comunidades autónomas para presentar los correspondientes argumentos al gobierno.

El Gobierno también exige a la Generalitat que aplique el porcentaje de plusvalías de la Ley del Suelo estatal (que obligan a una cesión del 5% al 15% del suelo, que puede reducirse al 0% o aumentarlo al 20% justificadamente) a las actuaciones de transformación de suelo industrial o terciario.

Por último, el ministerio también cree que la Generalitat se ha excedido en la regulación de uno de los destinos posibles de los patrimonios municipales de suelo. El Consell permite desde noviembre que el suelo público municipal (o el dinero que se obtiene de él) se destine, a parte de VPO, a «otros usos sociales» como «urbanizar una calle, construir un centro social, una residencia o un jardín» y cree que son fines demasiado laxos.