Las empresas públicas necesitan reducir la partida de gastos de personal para poder pagar las nóminas de los que se quedan, pero para acometer las indemnizaciones de los despidos incluidos en los ERE necesitan fondos de los que no disponen. Ése es el bucle fatal por el que circula la economía de Radiotelevisió Valenciana (RTVV) o de la Ciudad de las Artes y de las Ciencias (Cacsa), dos de las sociedades con capital 100 % de la Generalitat cuyas plantillas están incursas en expedientes de regulación de empleo. Portavoces del Consell niegan que la falta de liquidez sea la causa de que las cartas de despido no han empezado a remitirse a los trabajadores afectados por los respectivos expedientes. "Si no hubiera dinero para acometer un ERE no se habría puesto en marcha", indicaron desde el Palau.

En el caso de Cacsa, indicaron que el retraso en la ejecución de los despidos obedece a que se ha tenido que rehacer el expediente por el incremento de empleados que se han adherido a las bajas voluntarias incentivadas. Han sido finalmente 25, casi una cuarta parte de los despidos que se producirán. Sin embargo, desde ambas empresas admitieron que la falta de liquidez está demorando estos procesos.

En Canal 9, representantes de la empresa explicaron a los sindicatos que en la segunda mitad de septiembre -se manejaron las fechas del 15 y el 18- empezarían a remitirse por burofax las notificaciones de despido para que al acabar este mes ya se hubiese consumado la marcha de más de un centenar de empleados. Con todo, será en la segunda quincena de octubre cuando saldrá el grueso del personal, entre 800 y 900 trabajadores de los 1.198 afectados por el ERE. El plazo para reducir la plantilla a 480 empleados expira, formalmente, el 13 de agosto de 2013.

En Cacsa, hay dos meses para hacer efectivos los despidos a contar desde el 6 de septiembre, cuando la dirección de la empresa y los representantes de los trabajadores sellaron el acuerdo para que finalmente fueran 105 los afectados por el expediente de reducción de empleo y no los 140 previstos inicialmente. Cacsa dedicará 1,8 millones a acometer las indemnizaciones.

PSPV, Compromís y EU pactan consensuar 4 consejeros en Canal 9

Que el consejo de administración de RTVV no sea un espacio en el que acomodar a políticos que han quedado descolgados de otras instituciones y que se convierta en un órgano de gobierno integrado por profesionales de reconocido prestigio y acreditada experiencia en el sector de la comunicación. Lo dice la nueva ley de RTVV, y, además, es la voluntad política que ayer expresaron los líderes del PSPV, Ximo Puig; Compromís, Enric Morera y EU, Marga Sanz, en el encuentro que mantuvieron en secreto para pactar una estrategia común de cara a la designación por las Corts en octubre del nuevo consejo de 9 miembros, frente al actual de 11. Los socialistas cederán sendos representantes a Compromís y EU y se quedarán con dos. El deseo compartido por los tres dirigentes es que el tripartito de la oposición consensúe los cuatro nombres. Morera y Sanz quieren que Rafael Xambó y Guillermo Sampedro repitan.